El abogado D. Francisco Granados Romero, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Málaga, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Manilva por su actuación ante el desahucio de 62 familias, previsto para el próximo 24 de marzo.
El letrado anunció en sus redes que el recurso fue registrado en los juzgados de Málaga el 19 de marzo a las 12:43 horas, tras haber presentado previamente escritos los días 4 y 10 de marzo alertando —según afirma— de la situación de estas familias.
Denuncia “abandono” de familias vulnerables
Granados Romero sostiene que las familias afectadas se encuentran en una situación de “muy especial vulnerabilidad”, con presencia de menores, personas con discapacidad y personas con enfermedades graves, algunas de ellas con movilidad reducida.
En este sentido, acusa al Ayuntamiento de no haber dado una respuesta eficaz: “Los gestores públicos están para dar soluciones, no para no dar respuesta”, afirma.
Pide frenar el desahucio hasta que haya soluciones reales
En el recurso, el abogado solicita al juzgado la adopción de medidas cautelarísimas urgentes para evitar que las familias queden en la calle sin alternativa.
Entre otras cuestiones, pide que no se ejecute el lanzamiento hasta que se establezcan medidas concretas de protección, especialmente para los menores, incluyendo una alternativa habitacional inmediata.
Además, solicita la intervención del Ministerio Fiscal por la presencia de menores afectados.
Críticas directas a la respuesta del Ayuntamiento
El recurso también se dirige contra la contestación emitida por el alcalde de Manilva el pasado 11 de marzo, en la que el Consistorio sostiene que actúa dentro de sus competencias y que la solicitud presentada no concretaba una actuación administrativa impugnable.
El abogado rechaza frontalmente esta postura y asegura que sí se pedían medidas claras, como la evaluación individualizada de cada familia y la adopción de soluciones urgentes.
A su juicio, el Ayuntamiento se ha limitado a emitir informes sin concretar medidas reales: “No basta con palabras vacías, hay que adoptar medidas concretas”, sostiene.
“Si no saben identificar el expediente, son unos inútiles”
El tono del letrado se endurece especialmente al referirse a la respuesta municipal, llegando a afirmar que, si el Ayuntamiento no es capaz de identificar el caso, “son unos inútiles”, en el marco de sus críticas a la gestión administrativa.
Asimismo, insiste en que la administración local, junto a otras como la Diputación, la Junta de Andalucía o el Estado, no ha adoptado medidas efectivas pese a la urgencia de la situación.
“Es la última posibilidad”
Granados Romero asegura que este recurso es “la última posibilidad” para intentar frenar el desahucio, después de que el juzgado de Estepona haya rechazado la suspensión en la vía civil.
El abogado plantea además que esta acción pueda influir en el procedimiento judicial en marcha, al introducir una cuestión prejudicial sobre la actuación de la administración.
Llamamiento a actuar “de forma urgente”
El letrado reclama a las administraciones que activen de inmediato los mecanismos necesarios para evitar que las familias queden en la calle.
“¿Qué va a hacer la administración con esos niños?”, se pregunta, insistiendo en la necesidad de medidas urgentes y efectivas.
Mientras tanto, el lanzamiento sigue previsto para el 24 de marzo, a la espera de lo que determinen los tribunales.
