Este martes 24 de marzo de 2026, se ha llevado a cabo el desalojo definitivo de las 62 viviendas situadas en el número 2 de la calle Sarmiento, en Manilva.
El operativo judicial, que ha contado con un fuerte despliegue de aproximadamente un centenar de agentes de la Guardia Civil que desde las 7 de la mañana se iban concentrando en el aparcamiento del llano negro y ponen fin a meses de incertidumbre y prórrogas legales para las familias afectadas
Durante la mañana se han vivido momentos de gran tensión y angustia entre los propios vecinos y las fuerzas de seguridad.
Entre los desalojados se encuentran personas en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo a menores, personas mayores y ciudadanos con discapacidad reconocida y problemas de salud graves.
A pesar del clima de confrontación inicial, los vecinos han terminado por abandonar las viviendas de forma pacífica ante la imposibilidad de frenar la orden judicial de lanzamiento y de hacer frente al amplio dispositivo de seguridad organizado.
Inmediatamente después de ser expulsados de sus hogares, los vecinos afectados se han desplazado hasta las puertas del Ayuntamiento de Manilva para reivindicar soluciones habitacionales de emergencia que como reclamaban a voces en la puerta, aseguraban que «el alcalde de Manilva prometió 10 días de alternativa habitacional y que hoy no han aparecido ni servicios sociales, ni mucho menos el propio alcalde».
Los manifestantes denuncian la «inacción» de la administración local y la falta de una alternativa habitacional, especialmente tras haber solicitado reiteradamente que el Consistorio ejerciera el Derecho de Retracto para adquirir el inmueble (subastado por unos 14.800 euros por vivienda) y evitar así el desahucio.
El desalojo, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Estepona, estaba inicialmente previsto para el pasado mes de febrero, pero fue aplazado hasta el día de hoy debido a la falta de efectivos policiales en aquella fecha por las inclemencias meteorológicas.
Las familias alegan que han sido víctimas de la especulación de un «fondo buitre», actual propietario del edificio, a pesar de que muchos de ellos contaban con contratos de alquiler que habían ido cumpliendo en sus pagos durante años.
Por su parte, el alcalde Mario Jiménez había manifestado previamente que el Ayuntamiento no disponía de la capacidad presupuestaria necesaria para la compra del bloque.
En las últimas semanas, la situación había escalado políticamente, con grupos parlamentarios y plataformas sociales exigiendo medidas urgentes que, finalmente, no han evitado que decenas de familias se queden hoy en la calle.
