El delegado y técnicos de Urbanismo del Manilva mantuvieron este martes una reunión con representantes de PAH Chiclana y con familias inquilinas del bloque de viviendas situado en la calle Sarmientos número 2. El encuentro tuvo como objetivo abordar la situación jurídica y urbanística del inmueble, así como las posibles vías de actuación por parte de la administración local.
Según lo expuesto en la reunión, en los próximos días se espera conocer si la Ayuntamiento de Manilva convocará un pleno municipal para debatir y, en su caso, aprobar el ejercicio del derecho de tanteo y retracto. Esta figura legal permitiría a la corporación adquirir en propiedad las 62 viviendas del edificio por un importe inferior a 15.000 euros por unidad, según las estimaciones trasladadas.
De forma paralela, se prevé la elaboración de un informe técnico sobre un presunto incumplimiento de la normativa urbanística por parte de la constructora del edificio, en relación con la obligación de dotar de espacios verdes proporcionales a la edificabilidad ejecutada. Asimismo, un topógrafo y un arquitecto realizarán mediciones para determinar los metros cuadrados reales construidos en cada planta del inmueble.
Estos trabajos técnicos tendrán como finalidad comprobar con rigor si los datos de superficie construida coinciden con los declarados oficialmente y si, en consecuencia, se han liquidado de forma correcta las tasas e impuestos correspondientes, tanto ante la Agencia Tributaria como en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) municipal.
Otro de los aspectos que se analizarán es la concordancia entre la documentación presentada en el órgano estatal de subastas y las fincas registrales incluidas en el certificado de cierre de subasta de fecha 29 de mayo de 2023, cuya adjudicación fue judicialmente aprobada y notificada el 10 de abril de 2025.
Las familias afectadas han expresado su preocupación ante la posibilidad de que, a través de una resolución judicial, se proceda a la toma de posesión del inmueble y al desalojo de las viviendas, garajes y trasteros actualmente habitados. El procedimiento se tramita en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Estepona, y los colectivos implicados reclaman que en el proceso se tengan en cuenta todos los informes técnicos y certificados necesarios, así como la situación contractual de los inquilinos, algunos de los cuales contaban con contratos de alquiler susceptibles de renovación.
Quién a publicado esto?? Ya se sabe que no a sido el ayuntamiento y esta publicación es jugar con los sentimientos de las 62 familias que estamos afectadas por el desahucio cuando se publica algo primero se tiene que saber qué es y a quien puede afectar gracias
Hay otras 62 familias trabajadoras de verdad que tenemos reservados esos inmuebles. Espero que el ayuntamiento piense en nosotros y se proceda con el desahucio. Tenemos derecho a comprar una vivienda. Déjense de victimismo y respeten la libertad privada, que solo queréis vivir de gratis
Que poca verguenza, decir q empiecen ya con los desahucios, es de malisima persona reservar unos pisos donde ya vive gente y a elegido esas viviendas antes que tu y mas si nadie deja de pagar, por malas personas asi nos luce el pelo en este pais con la vivienda, ojala que los vecinos consigan quedarse…… os deseo mucha suerte y a la gente como tu Andres solo decirte que todo se paga en esta vida