Sus formas no son tan bruscas como las del personaje de Los Morancos, pero sus vecinos no dudan en llamarla «Omaíta». Llega a los plenos repartiendo besos y siempre tiene una sonrisa para la cámara. Salvo cuando se le pregunta por las múltiples investigaciones judiciales que cercan su gestión. Entonces se le tuerce el gesto y se sabe atrapada. Es Antonia Muñoz, la alcaldesa de Manilva. Un coqueto municipio del litoral malagueño de unos 13.000 habitantes.
El único gobernado por Izquierda Unida en toda la Costa del Sol. Una excepción que se anunciaba como la alternativa social a las políticas «capitalistas» de los grandes partidos, pero que ha acabado hundiéndose en el barrizal de las sospechas y las irregularidades.
La Guardia Civil, tras más de tres años de pesquisas, ha plasmado en un informe de 510 páginas la investigación que mantiene a la coalición de izquierdas inmersa en uno de los mayores escándalos de «enchufismo» del país. Un caso que revela más de 470 contrataciones a dedo de las que se habrían beneficiado miembros, afiliados y simpatizantes del equipo de gobierno municipal, así como la concesión ilegal de millonarios contratos, transferencias con más de un pero y un posible «pucherazo» electoral.
Cuatro años de investigación
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue entregado el pasado 2 de mayo en el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, que instruye el caso desde finales de 2009 tras una denuncia del comité de empresa del Ayuntamiento en la que se alertaba de numerosas irregularidades en materia laboral. Es el fruto del tesón del fiscal Jorge Andújar Hernández y del único agente que durante la mayor parte del tiempo ha estado investigando en solitario.
En el epicentro de sus indagaciones se sitúa el entramado tejido por los dirigentes de la dirección local de IU para favorecer la contratación de más de 80 miembros, familiares y simpatizantes, que en algunos de los casos eran designados cargos de confianza con una cualificación más que dudosa. Hermanos, primos, sobrinas, nueras, cuñados, suegras… La vinculación familiar, tener el carné del partido o votarlo era el único requisito que se exigía para acceder a un puesto en el Ayuntamiento. La alcaldesa es la que se lleva la palma. La Guardia Civil ha constatado hasta 15 contrataciones presuntamente irregulares de familiares. Uno de ellos es su marido.
Manilva es el único municipio de la Costa del Sol gobernado por IU
Muñoz no tiene ningún pudor a la hora de colocar a su familia. Si no tiene un puesto en la plantilla, se ficha como cargo de confianza vía decreto. Una práctica a la que ha recurrido en una veintena de ocasiones y de la que se han beneficiado una prima, una hermana y su nuera, cuya contratación llega a justificar afirmando que tenía que regularizar su situación en el país.
Los agentes investigan en la actualidad la incorporación de la hija de la regidora a una entidad urbanística a la que le transfirió dinero con la oposición de la interventora. Financiación que se sospecha que es para pagar la nómina de su hija, de quien se dice que ni siquiera acude al puesto porque está estudiando en Irlanda.
Pero la alcaldesa no es la única que se rodea de cargos de confianza de dudosa formación. El primer teniente de alcalde, Emilio López, líder de Agrupación Socialista de Manilva (ASM), contrató recientemente a su hija como directora de área de Salud y Medio Ambiente a razón de 14 pagas de 1.707 euros. Este nombramiento se produjo poco tiempo después de que el edil solicitase al juzgado que investiga a Antonia Muñoz el archivo de la causa. La formación independiente estaba personada en la misma y se retiró después de entrar a formar parte del equipo de gobierno y otorgarle la mayoría a IU.
Muñoz reconoce que ha enchufado a 15 familiares, uno de ellos su marido
El carácter populista de la regidora, empujado por la necesidad de mantenerse en el poder, le lleva a extender los «enchufes» a todos los niveles de contratación. La Guardia Civil recoge en un listado de 88 páginas, con nombres y apellidos, a los al menos 394 trabajadores elegidos a dedo para trabajar en el Ayuntamiento. Y es que, como refleja la interventora en un informe remitido al juzgado, desde 2007 únicamente se han celebrado ocho procesos de selección ajustados a la ley. Todos desde 2009, cuando Muñoz ya era investigada y 20 meses después de iniciar el mandato de 2007.
«Salvo cuatro administrativos, un ingeniero técnico, los policías locales, el secretario y la interventora, el resto de personal ha sido contratado “sin convocatoria pública y sin respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». El Consistorio envía al juzgado varios informes con cifras contradictorias sobre las plantilla en 2007 (518 y 413) y 2011 (518, 450 y 417), por lo que la cifra de «enchufados» podría ser incluso mayor. «Los aproximadamente 470 es un número a la baja», precisaron las fuentes. La «preocupación» de Antonia Muñoz por el bienestar de los suyos también se extiende a sus cuentas corrientes y no se limita a buenos salarios. La regidora, en un denunciado desprecio de la Ley de Contratos, otorgó entre 2007 y 2011 un total de 43 contratos a dos empresas de su esposo por un valor de 200.035 euros. El colmo de las irregularidades es que Muñoz, además, era administradora de una de estas sociedades.
52 contratos para el primo
Un primo de la regidora, propietario de una constructora, fue agraciado con al menos 52 contratos, que le reportaron 482.074 euros en tan solo tres años. Muchas de estas facturas contaban con reparos de la interventora, ya que al superar los 3.000 euros requieren la presentación de tres presupuestos, cosa que el Ayuntamiento de Manilva no realizó. Aunque la «red clientelar» que se construyó en torno a las adjudicaciones de trabajo es más amplia y alcanza a otros miembros del equipo de gobierno, como la edil de Bienestar Social, Francisca López. El Ayuntamiento concedió a familiares de los concejales y componentes y simpatizantes de IU más de 400 contratos de trabajo únicamente en el anterior mandato.
Y a todo este maremagnum de irregularidades interminables, se suma una investigación por posible «pucherazo electoral» en las pasadas elecciones y en la que están imputados una concejal, una directora de área y un simpatizante de la coalición de izquierdas. El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Estepona investiga la denuncia que pusieron PP y PSOE ante la Junta Electoral de Zona cuando el día de votación sorprendieron a personas que ocultaban votos a IU en bolsos y contenedores y que iban repartiéndolos a las personas que acudían las urnas. Incluso se recabó el testimonio de algún inmigrante que aseguraba que le habían dado 100 euros por votar a Antonia Muñoz.
Fuente: ABC
