Con algo de retraso por la ausencia de representación de la entidad de El Hacho, ha iniciado la causa prevista para hoy en la sección primera del Palacio de la Justicia de Málaga y que ha sentado en el banquillo de los acusados a la Ex-alcaldesa de Manilva Antonia Muñoz, la actual Concejala de Playas Paqui López, el asesor jurídico del Ayuntamiento Aitor Menoyo y los antiguos Concejales del consistorio Antonio de Haro y Emilio López en el caso conocido como “Caso Manilva”, que se centra en los pagos realizados por el propio Ayuntamiento a la Entidad de El Hacho, con acusaciones de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El actual alcalde de Manilva, Mario Jiménez, también era uno de los citados en la causa pero debido a unos problemas de salud, no ha podido asistir y ha sido el motivo por el cual el tribunal ha decidido aplazar la causa, en un primer momento para el 16 de Junio pero por causa de agendas de los letrados han tenido que posponerla finalmente para el 23 de septiembre a las 10 de la mañana.

Los hechos se remontan al año 2008, cuando se constituyó la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Complejo Residencial El Hacho, la mayor urbanización del municipio, situada junto al puerto La Duquesa.

El fiscal señala en su escrito que tanto la alcaldesa, como algunos miembros de la junta de gobierno del Consistorio, entre ellos el actual regidor, ordenaron o ayudaron a aprobar -con su voto- operaciones por las que se financiaba la entidad urbanística de El Hacho con dinero del Ayuntamiento.

Lo hicieron, considera el Ministerio Público, “con pleno conocimiento de la extralimitación en sus funciones y a pesar de la oposición de la tesorería municipal, de la intervención municipal, así como de la Tesorería General de la Seguridad Social”.

No en vano, la Seguridad Social informó en marzo de 2009 al Ayuntamiento de que debía embargarse cualquier cantidad que el Consistorio tuviera que abonar a El Hacho.

El fiscal entiende que los cargos municipales actuaron “a sabiendas de la ilicitud” de dichas operaciones y “a pesar de los reiterados informes de la Tesorería e Intervención municipales oponiéndose a dichas transferencias de dinero público”.

El Ministerio Público, en sus conclusiones provisionales, destaca que Antonia Muñoz habría ordenado el pago de hasta 113.422 euros a la entidad de conservación, algunos de los cuales se habrían efectuado a petición del entonces asesor jurídico del Ayuntamiento, Aitor Menoyo, que actuaba como secretario de la entidad de conservación de El Hacho.

Menoyo, que era asesor personal de la exregidora y actualmente continúa como asesor jurídico en el Ayuntamiento, también está investigado en la causa, ya que reclamó «con conocimiento de su ilicitud» -siempre según el escrito de la acusación pública- cinco transferencias por un total de 59.718 euros para El Hacho.

La Fiscalía resalta que, además, hubo otras dos operaciones aprobadas por la junta de gobierno municipal en las que se autorizaban transferencias de 44.019 euros de fondos públicos del Ayuntamiento de Manilva para la entidad de conservación. En ambas sitúa, entre otros ediles, al ahora alcalde de Manilva, Mario Jiménez.

El fiscal considera que los hechos constituirían delitos de prevaricación y malversación, que en el caso de la exalcaldesa -como presunta autora- y su asesor -como supuesto cooperador necesario- tendrían el carácter de continuados.

Para la exregidora, el fiscal pide una condena a ocho años de cárcel -un año menos para Menoyo- e inhabilitación absoluta por 20 años por el delito de malversación, además de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 15 años.

Otros cinco ediles -entre ellos el actual regidor- se sentarán también en el banquillo bajo estos cargos. Para todos ellos, el Ministerio Público solicita cuatro años de cárcel por malversación e inhabilitación especial durante 17 años.

La Fiscalía también reclama que los acusados y la entidad urbanística El Hacho indemnicen al Ayuntamiento de Manilva con 217.159 euros, que es la cantidad presuntamente malversada.

En octubre de 2017, cuando el Diario SUR se hizo eco de la acusación del fiscal, Mario Jiménez mostró su confianza en la justicia, aunque también su oposición al escrito del fiscal. Sostuvo que se trató de préstamos «puntuales que ya han sido devueltos a las arcas municipales, con sus respectivos intereses y de los que existen comprobantes». Añade que se aprobaron estos préstamos porque el Puerto de la Duquesa vivía unos momentos graves con familias que llevaban sin cobrar cinco meses.

En Noviembre del 2017, el actual socio de gobierno Diego José Jimenez fundamentó en un pleno (al que no se presentó ni el actual alcalde Mario Jiménez ni la actual concejala de limpieza Paqui López, ambos imputados en la causa), la petición de que el propio Ayuntamiento de Manilva se personarse en el caso del Hacho como “obligación legal” para defender los intereses municipales pero el punto no salió adelante por los votos en contra de Compromiso Manilva, que argumentaba mediante su interlocutor en el pleno Marcos Ruiz, que las cantidades entregadas fueron un préstamo ya devuelto; voto en contra del representante de Izquierda Unida que por mediación de Antonio Barragán, consideraba innecesaria la personación al no existir deuda alguna; por el Partido Popular, Francisco Miguel Álvarez votaba en contra por considerar que desde el punto de vista procesal “no era el momento” indicando que “la jueza puede considerar que el Ayuntamiento viene a importunar y a molestar”. El Concejal en aquel entonces de la ASM, Emilio López, pedía ausentarse en el debate y en la votación de ese punto siguiendo las directrices del secretario municipal.

SU ACTUAL SOCIO DE GOBIERNO DABA LAS RAZONES POR LAS QUE TENDRÍA QUE DIMITIR

Por incomprensible que parezca, en aquel pleno de noviembre del 2017, el portavoz socialista, Diego José Jiménez, por aquel entonces en la oposición, no pedía directamente en este pleno la dimisión del alcalde, pero le indicaba algunas razones por las cuales debería tomar la decisión de dimitir. Entre ellas que «con su imputación está dañando la imagen del municipio y porque no está centrado en la gestión del Ayuntamiento sino en no perder su libertad», señalaba..

La exalcaldesa Antonia Muñoz, por su parte, está siendo investigada en otra pieza judicial por una supuesta trama de enchufismo en la que se analiza la contratación de unas 900 personas en el Ayuntamiento y las empresas municipales entre 2007 y 2013.

Informa: Alejandro Granados
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