De nuevo, el alcalde de la localidad Mario Jiménez es citado este próximo viernes 9 de Julio en Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga donde previsiblemente será juzgado junto a la ex-alcaldesa Antonia Muñoz y a otras seis personas por la supuesta adjudicación irregular de contratos municipales a una empresa vinculada a familiares.

Además de Muñoz y su marido, V.C.S., el actual alcalde, Mario Jiménez Rodríguez y la actual edil de Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos y Asuntos Sociales e Igualdad, Francisca López; los ex regidores Diego Urieta Jiménez y Emilio López Berenguer; y los ex concejales de Limpieza, Pesca y Parque Móvil y de Recursos Humanos, Agricultura, Comercio, Consumo y Desarrollo, Antonio de Haro Fernández y Diego Díaz Jiménez, respectivamente.

La mayoría de los encausados -salvo Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM)- formaban parte de IU y crearon Compromiso Manilva cuando la coalición de izquierdas, cinco años después de que estallase el escándalo político, forzase su pase al Grupo de No Adscritos a mediados de 2013. Esta formación gobierna actualmente el municipio con el apoyo de Diego José Jimenez del PSOE y que precisamente es el principal testigo de esta causa.

Esta es una de las tres piezas en las que se separó la investigación desarrollada por una supuesta corrupción municipal durante el mandato de la ex-alcaldesa. Los otros dos casos versan sobre el presunto enchufismo de personal laboral desde 2007 en el Ayuntamiento de Manilva y sobre el supuesto trasvase de fondos desde el Consistorio a una entidad, caso que está pendiente de juicio para septiembre tras ser aplazado el pasado 19 de mayo por la falta de asistencia del actual alcalde Mario Jiménez que justificó problemas de salud.

Esta pieza se tendría que haber celebrado el pasado mes de octubre pero también fue aplazada por la baja laboral del letrado de la ex-alcaldesa Antonia Muñoz a causa de un accidente de tráfico. La Fiscalía acusa a los ocho procesados por los delitos de prevaricación en concurso con gestión interesada, ambos con carácter continuado; solicitando dos años de cárcel para cada uno, multa de 24 meses a 15 euros diarios y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según el fiscal.

En esta causa concreta que será juzgada el próximo viernes, se investiga la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, en concreto al marido por el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios “en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación”, dice la acusación en su escrito provisional.

Esta acusación señala que tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa por IU, “aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil”, constituida por ambos en 2005, “para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales”.

La calificación indica que esto se realizaba “sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto”, ya que el entonces cónyuge “presentaba en el Ayuntamiento facturas de servicios ya prestados, incumpliéndose así con los requisitos que marca la legislación”, además de que existían reparos de Intervención por falta de dotación presupuestaria.

A pesar de que la alcaldesa tenía las competencias para autorizar estos gastos, delegó en la junta de gobierno, “de la que formaban parte el resto de los acusados en su condición de concejales, quienes siendo, perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación y teniendo conocimiento de la relación marital existente, procedieron a aprobar las facturas presentadas“.

Según el fiscal, muchas de las facturas aprobadas en junta de gobierno iban con la firma del actual alcalde. “De igual forma se concertaron los acusados para celebrar verbalmente otros contratos en los que igualmente se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en su adjudicación“, dice el escrito, en el que también se detallan otras facturas a nombre de la empresa de otro familiar.

 

 

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