El portavoz del Grupo Municipal VOX en Manilva, Antonio Marín, ha sido contundente ante el inminente desalojo de 62 viviendas en la calle Sarmiento número 2, una situación que ha calificado como “el resultado directo de años de irresponsabilidad política y abandono institucional”.
Marín ha recordado que el artículo 47 de la Constitución Española no admite interpretaciones interesadas, al establecer que el derecho a una vivienda digna y adecuada es una obligación directa y exclusiva de los poderes públicos. “Son las administraciones las que deben crear las condiciones necesarias para garantizar ese derecho, y son ellas —y solo ellas— las que deben responder cuando fracasan estrepitosamente en su cometido”, ha afirmado.
En este sentido, el portavoz de VOX ha rechazado que se pretenda trasladar esa responsabilidad a los ciudadanos o a las empresas privadas “bajo la excusa de un falso ‘escudo social’”. “No solo es un ejercicio de cinismo político, sino un ataque frontal al derecho fundamental a la propiedad privada y a la herencia, protegidos por el artículo 33 de la Constitución. Cuando el Estado incumple, no puede pretender que otros paguen su incompetencia”, ha subrayado.
Antonio Marín ha enmarcado la actual crisis de acceso a la vivienda como una consecuencia directa de décadas de políticas fallidas, señalando tanto al Partido Socialista desde el Gobierno de la Nación como al Partido Popular desde la mayoría de las comunidades autónomas. “Ambos han demostrado, con hechos y cifras, su absoluta incapacidad para garantizar un derecho constitucional básico”, ha afirmado.
Como ejemplo de este fracaso, ha citado los datos del Banco de España, que reflejan un déficit de 1.800.000 viviendas de protección oficial y la necesidad de construir al menos 100.000 viviendas anuales, frente a las 14.371 finalizadas en 2024. “Este fracaso no admite excusas ni relatos; es una prueba irrefutable de la dejación de funciones de quienes gobiernan”, ha sentenciado.
En el ámbito local, Marín ha denunciado que Manilva es un caso paradigmático de mala gestión, con años de corrupción, abandono institucional, falta de control, despilfarro de recursos públicos y endeudamiento crónico. “Todo ello ha dejado a los vecinos completamente desprotegidos y ha degradado gravemente parte del parque residencial”, ha explicado, señalando que esta situación ha sido aprovechada por redes de ocupación ilegal que han hecho negocio en urbanizaciones como Royal Manilva, el Edificio El Mero, la zona del Hacho y ahora la calle Sarmiento.
“El caso de la calle Sarmiento es el retrato exacto de un Ayuntamiento que ha decidido mirar hacia otro lado durante años”, ha denunciado Marín, quien ha reprochado que corporación tras corporación se haya optado por no actuar, no investigar y no asumir responsabilidades. “Y ahora el problema ha estallado, con un lanzamiento forzoso inminente y con los vecinos pagando las consecuencias de una cobardía política prolongada”, ha añadido.
El portavoz de VOX ha advertido de la opacidad absoluta que rodea el caso, señalando que el Grupo Municipal no dispone de documentación oficial que acredite la legalidad de la compra, venta o alquiler del edificio. “No se sabe cuántas personas están realmente en situación de vulnerabilidad, cuántas ocupan ilegalmente viviendas teniendo empleo y capacidad económica, ni quiénes se han lucrado entregando llaves y alquilando inmuebles sin ser propietarios”, ha señalado. “No es que no haya información: es que nadie ha querido obtenerla”.
A cinco días del desalojo forzoso, Marín ha sido claro: “Este Ayuntamiento llega tarde, mal y sin herramientas”. A su juicio, la única medida posible y realista es solicitar nuevamente a la propiedad una prórroga, después de que una primera moratoria fuera “desperdiciada sin adoptar una sola solución efectiva”.
Por último, Antonio Marín ha explicado que el objetivo del Grupo Municipal VOX con esta moción es forzar a otras administraciones a asumir la responsabilidad que el Ayuntamiento ha eludido, instando a remitir a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda la documentación necesaria para que las familias afectadas puedan incorporarse, si cumplen los requisitos legales, a los programas de ayudas y subvenciones del Plan Vive 2020-2030, regulado por el Decreto 91/2020.
“Será la Junta de Andalucía quien, tras verificar los datos remitidos por el propio Ayuntamiento, determine quién puede acogerse al Plan Vive. Lo que no se puede permitir es que la desidia municipal siga sirviendo de coartada mientras los problemas se agravan y los vecinos pagan el precio”, ha concluido.
