La exalcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, conocida por enchufar presuntamente en el Ayuntamiento a 470 personas y conceder millonarios contratos a las empresas de su marido, ha sido detenida este martes por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias, una investigación que se encuentra bajo secreto y que ha permitido la captura de al menos 14 personas.
Según ha podido conocer nuestra redacción, tras tomarle declaración en Málaga fue puesta en libertad.
Fuentes cercanas al caso han señalado a EL MUNDO que Muñoz se encuentra en dependencias de la Comisaría Provincial y se investiga su presunta participación en un entramado italiano cuyo fin último era el blanqueo de capitales de procedencia ilícita con la adquisición de activos inmobiliarios en la zona. La intervención, que se prolongó durante toda la jornada, fue desarrollada por agentes desplazados desde Madrid.
El nombre de Antonia Muñoz, la última alcaldesa que tenía Izquierda Unida en la Costa del Sol, ha estado vinculado a la polémica durante años: desde pagar con la tarjeta del Ayuntamiento un helado de dos euros, hasta otorgar numerosos contratos municipales a las empresas de su marido. Un particular estilo de hacer política que la ha llevado en numerosas ocasiones a tener que comparecer en los juzgados.
En enero de 2018 se hacía público su procesamiento en una de las piezas abiertas por el juzgado de Instrucción número 5 de Estepona y que la Fiscalía solicitaba para ella ocho años de prisión y 35 de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada.
Pero no es la única causa abierta en los juzgados esteponeros contra ella y buena parte de su equipo de Gobierno. Una de las más llamativas ponía el foco en un supuesto entramado tejido por los entonces dirigentes de la ejecutiva local de IU para presuntamente favorecer la contratación de más de 80 miembros, familiares y simpatizantes del partido.
Hermanos, primos, sobrinas, nueras, cuñados o suegra fueron algunos de los vínculos destapados por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Málaga. Pero esta no era la única forma de entrar a trabajar en el Ayuntamiento. Ser militante o simpatizante de la coalición de izquierdas o votarla también facilitaban el acceso a un puesto en la administración municipal.
Esta pieza fue el detonante del llamado caso Manilva, cuya instrucción se inició en 2009 y ya acumula más de 11.000 folios, y permitió documentar 470 casos de enchufismo en el Consistorio.
