Según publica hoy el periódico EL Mundo, el próximo 29 de octubre inicia el juicio de una de las tres piezas en la que se dividió el caso original y que investiga centenares de casos de enchufismo de afiliados y simpatizantes de Izquierda Unida, la adjudicación de contratos a dedo y las transferencias, supuestamente ilegales, desde el consistorio a una entidad urbanística.

Casi 12 años después de que se admitiese a trámite la primera denuncia contra la gestión de Muñoz y su equipo, la instrucción de una de las tres piezas en las que finalmente se dividió la causa matriz desemboca en la apertura de juicio oral.

Dato que nos resulta llamativo, como acusación nos encontramos al Partido Popular, encabezado por Francisco Miguel Álvarez. Actualmente es socio del equipo de Gobierno y que fue incorporado a la corporación en febrero del presente año «mirando por los intereses generales del municipio» y ocupando el cargo de Relaciones Institucioneles, Regimen Interno y Nuevas tecnologías y administración electrónica.

A las 10.00 horas del 29 de octubre están citados, además de Muñoz y su marido, V.C.S., el actual alcalde, Mario Jiménez Rodríguez y la actual edil de Limpieza y Tratamiento de Residuos Sólidos y Asuntos Sociales e Igualdad, Francisca López; los ex regidores Diego Urieta Jiménez y Emilio López Berenguer; y los ex concejales de Limpieza, Pesca y Parque Móvil y de Recursos Humanos, Agricultura, Comercio, Consumo y Desarrollo, Antonio de Haro Fernández y Diego Díaz Jiménez, respectivamente.

La mayoría de los encausados -salvo Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM)- formaban parte de IU y crearon Compromiso Manilva cuando la coalición de izquierdas, cinco años después de que estallase el escándalo político, forzase su pase al Grupo de No Adscritos a mediados de 2013. Esta formación gobierna actualmente el municipio con el apoyo del PSOE.

La autoridad judicial declara «pertinentes» las testificales solicitadas por la Fiscalía y los abogados defensores y solicita al letrado de Valentín Carayol que facilite el contacto de una testigo propuesta -A.C.E.- que no ha podido ser localizada.

«Contra este resolución no procede recurso alguno», advierte la magistrada, quien aclara que, «a la parte a la que se le haya denegado algún medio de prueba, puede reproducir su petición al comienzo del juicio oral». Si las defensas y la acusación particular quieren solicitar la suspensión de la vista, deberán comunicarlo al citado juzgado dentro del espacio establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según ha podido saber el periodico El Mundo, este proceso pivotará sobre las adjudicaciones que el Consistorio otorgó a las empresas del marido de Antonia Muñoz menospreciando supuestamente las reglas básicas de la Ley de Contratos Públicos.

Las investigaciones del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil concluyeron que Carpintería Valentín S.L. y Muebles y Decoración Valentín fueron agraciadas con un total de 43 adjudicaciones por un valor de más de 200.000 euros. El proyecto del centro de interpretación Viñas de Manilva llamó especialmente la atención de los agentes por el elevado sobrecoste final de los trabajos; a lo que hay que unir el sorprendente dato de que la entonces regidora era administradora de una de las firmas beneficiadas.

De nuevo Manilva volverá a estar en todos los Medios de Comunicación Nacional y no precisamente con una buena publicidad.

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