Por Andalucía e Izquierda Unida han exigido por carta a la Junta de Andalucía, a la Diputación de Málaga y al propio Ayuntamiento de Manilva la paralización inmediata del desahucio de 62 familias del municipio, previsto para el próximo día 10.
Una reclamación que viene generado controversia política, ya que ambas formaciones forman parte del actual gobierno municipal manilveño, lo que convierte la petición en una exigencia dirigida, en parte, a una institución que ellos mismos controlan políticamente.
La iniciativa ha sido presentada públicamente por el candidato de Por Andalucía por Málaga, Ernesto Alba, y por la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, quienes han denunciado la “emergencia habitacional” que viven estas familias y han reclamado a la Junta de Andalucía la activación urgente de un expediente de expropiación por interés general, así como medidas contundentes contra la especulación inmobiliaria.
Alba ha señalado que “una vez más, la especulación está destruyendo la vida de las familias trabajadoras en Andalucía” y ha afirmado que las 62 familias afectadas “no tienen alternativa habitacional y pueden acabar en la calle por culpa de un fondo buitre”. En su intervención, el dirigente de Por Andalucía ha cargado contra el Gobierno andaluz del PP y contra el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, acusándolos de “actuar como marionetas de los fondos de inversión”.
Sin embargo, las declaraciones y exigencias públicas no hacen referencia a la responsabilidad directa del Ayuntamiento de Manilva, institución a la que también se dirige formalmente la petición y que, al mismo tiempo, está gobernada con la participación de las propias fuerzas que promueven la iniciativa.
En la misma línea, Toni Morillas ha exigido la paralización inmediata del desahucio y ha reclamado la expropiación de las viviendas para su incorporación al parque público, subrayando que “todas las instituciones tienen que mover ficha” ante una situación que califica de “total emergencia social”.
Morillas ha insistido en la necesidad de “colaboración institucional máxima” para evitar el desahucio masivo de familias con menores, denunciando que los fondos de inversión “especulan sin límites” mientras las administraciones no garantizan el derecho a la vivienda.
Desde IU también se ha reclamado la ampliación del parque público de vivienda en alquiler social y la utilización de “todos los instrumentos disponibles”, incluida la expropiación por razones de emergencia social. Nuevamente, no ha concretado qué actuaciones inmediatas se están impulsando desde el propio consistorio manilveño, pese a que su propio partido político formar parte del actual equipo de gobierno.
Por su parte, la coordinadora comarcal de IU en la Costa del Sol Occidental, Victoria Morales, ha denunciado que Manilva vive “otro claro caso de especulación inmobiliaria” y ha exigido tanto a la Junta como al Ayuntamiento que utilicen todas las herramientas legales para recuperar la urbanización afectada y destinarla a vivienda pública.
La situación es cuanto menos curiosa que se añade a las incongruencias políticas de la localidad, esta especialmente sobre la coherencia entre el discurso público y la acción institucional, al producirse una paradoja poco habitual: los mismos partidos que gobiernan el Ayuntamiento exigen públicamente al propio Ayuntamiento que actúe, sin aclarar qué medidas concretas se están adoptando desde el propio gobierno municipal para frenar un desahucio cuya ejecución es inminente o acciones que se están contemplando en el nuevo presupuesto para destinar alguna partida presupuestaria que pueda abordar situaciones parecidas de emergencia social en un futuro.
Este comunicado se produce a tan solo unas horas de la celebración del Pleno Ordinario donde se tratará en el primer punto del día la moción de declaración de situación de emergencia social ante el desalojo de viviendas en calle Sarmiento en Manilva. El pleno comenzará a las 9:30 de la mañana.
