La sesión plenaria del día de hoy comenzaba con una gran tensión debido a la presencia y las protestas de los vecinos afectados por el inminente desalojo de 62 viviendas en la calle Sarmiento, previsto para la próxima semana (días 10, 11 y 12 de febrero).
Reproches de los vecinos
Los afectados han expresado sentirse «traicionados» y desamparados por el Ayuntamiento. Han recriminado duramente al equipo de gobierno la falta de soluciones habitacionales reales, destacando que muchas familias llevan pagando su alquiler religiosamente durante más de una década (algunos hasta 14 años) y que ahora se ven en la calle por la ejecución hipotecaria de un «fondo buitre». Critican que la institución no haya actuado antes ni con mayor contundencia para paralizar el proceso.
El alcalde, Mario Jiménez, ha intentado calmar los ánimos argumentando que el Ayuntamiento no tiene capacidad presupuestaria para comprar el edificio (cuya subasta rondó los 14.000€ por piso). Ha señalado que, según sus datos, de las 62 familias, solo unas 25 estarían en situación de «vulnerabilidad» acreditada. La postura oficial del consistorio es que han solicitado a la Junta de Andalucía que evalúe caso por caso para ver quiénes pueden acogerse al Plan Vive y están intentando negociar una moratoria, aunque admiten la dificultad de detener la orden judicial a tan pocos días de su ejecución anunciando que mañana viernes tienen previsto celebrar una reunión con los representantes actuales de la propiedad con el fin de poder llegar a algún acuerdo que permita aplazar la orden de desahucio.
La incertidumbre y la última esperanza: La reunión de mañana
A pesar del debate político, el pleno ha concluido con una gran incógnita que mantiene en vilo a los afectados: existen serias dudas sobre si la parte propietaria legal de las viviendas tendrá la voluntad de presentarse a la mesa de negociación.
Ante la inminencia de la fecha de desalojo, toda la esperanza de estas familias se pospone ahora a la reunión prevista para mañana viernes. Este encuentro se perfila como la última oportunidad real para intentar paralizar el proceso o lograr una moratoria.
Para intentar mitigar la desconfianza hacia la gestión del Ayuntamiento, se ha acordado que un representante del colectivo de afectados asista a dicha reunión. Su presencia tiene como objetivo garantizar la transparencia, permitiéndole conocer de primera mano las posturas reales y los posibles acuerdos —o la falta de ellos— que se traten durante la sesión.
Resumen del resto de puntos tratados en el Pleno
Una vez superado este primer punto conflictivo, la sesión ha continuado con otros asuntos de gestión municipal:
Seguridad Ciudadana (Robos): El alcalde ha confirmado la detención del presunto autor de la ola de robos que había alarmado a los vecinos en las últimas semanas. Se ha informado que fue arrestado en un operativo conjunto de la Policía Local y la Guardia Civil.
Violencia de Género (VioGén): Se ha aprobado la incorporación de la Policía Local al sistema VioGén, lo que permitirá un mejor seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género en el municipio.
Participación Ciudadana: Se ha dado luz verde a la constitución del Consejo Local de Participación Ciudadana, un órgano para fomentar la intervención de los vecinos en la vida pública.
Canal de Denuncias: Se ha tratado el reglamento para el nuevo canal de denuncias del Ayuntamiento, una medida de transparencia y cumplimiento normativo.
Control Financiero: Se ha dado cuenta del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2026.
