Registran en el Ayuntamiento de Manilva una solicitud urgente para proteger a varias familias vulnerables ante un desahucio previsto el 24 de marzo.
Un escrito presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento de Manilva solicita la adopción urgente de medidas de protección para varias familias residentes en el municipio que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que afrontan un lanzamiento judicial previsto para el próximo 24 de marzo de 2026.
El documento, presentado mediante instancia general, ha sido registrado en representación de una vecina y diez personas más, todas ellas incluidas en un poder notarial otorgado al letrado Francisco Granados Romero, quien solicita la intervención del consistorio ante la situación que afecta a varias unidades familiares que residen en el número 2 de la calle Sarmiento.
Denuncian falta de actuación suficiente de los Servicios Sociales
En el escrito, el letrado expone que el Ayuntamiento no habría garantizado adecuadamente la protección de personas vulnerables, entre las que se encuentran menores de edad, personas mayores y personas con discapacidad, residentes en dicho inmueble.
Según el documento registrado, el juzgado de Estepona habría fijado la fecha del lanzamiento para el 24 de marzo, mientras que —según la argumentación presentada— no constaría un informe socioeconómico completo de todas las unidades familiares afectadas, ni la adopción de medidas suficientes para su protección.
El escrito sostiene que esta situación podría constituir una “vía de hecho por omisión” al no haberse seguido —según la parte reclamante— los procedimientos necesarios para garantizar la protección de estas personas vulnerables.
Presencia de menores y personas con discapacidad
El documento detalla que entre los residentes afectados existen varias familias con menores, incluyendo niños de 6 y 10 años, así como otros menores de 17, 14 y 13 años, además de personas con minusvalías reconocidas, algunas con problemas de salud graves e incluso movilidad reducida.
De acuerdo con el escrito, todas estas personas se encontrarían en una situación de especial vulnerabilidad social y económica, sin que hasta el momento se haya establecido una alternativa habitacional de emergencia.
Solicitan medidas antes del lanzamiento
A través de esta solicitud registrada en el Ayuntamiento, se pide que el consistorio adopte medidas preventivas y de protección antes de que se produzca el lanzamiento judicial, entre ellas:
La realización de un análisis socioeconómico completo de todas las unidades familiares.
La adopción de medidas de protección específicas para menores y personas vulnerables.
La habilitación de una alternativa habitacional de emergencia si fuera necesario.
El documento también advierte de que, en caso de no adoptarse estas medidas, se podrían emprender acciones judiciales para que sea la autoridad judicial quien valore la suficiencia de la actuación administrativa, reclamándose además posibles daños y perjuicios estimados en 20.000 euros, sin descartar otras acciones legales.
Un caso que está teniendo una importante repercusión mediatica
La situación ha llegado al Congreso y pone sobre la mesa el debate sobre la protección de personas vulnerables en procesos de desahucio, especialmente cuando existen menores o personas dependientes entre los afectados.
Por el momento, no ha trascendido si el Ayuntamiento de Manilva ha iniciado ya actuaciones tras la presentación de este escrito registrado oficialmente.
