Los 602 enchufes de la «red clientelar» que tejió la presunta corrupción de IU en la Costa del Sol. La Fiscalía pide 15 años de inhabilitación por prevaricación continuada para la exalcaldesa y tres concejales de Manilva, el único municipio que gobernaba la coalición de izquierdas en el litoral malagueño. Se juzgará al inicio de 2022.

1, 2, 3, 4, 5… Y así hasta, al menos, 602. Esta es la cifra de supuestos casos de enchufismo documentados por la Guardia Civil en la última pieza de la trilogía judicial abierta en torno a la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Manilva hilvanada durante los mandatos de Izquierda Unida (IU). Una causa que se juzgará a principios de 2022 y que volverá a sentar en el banquillo de los acusados a la supuesta muñidora de los distintos casos investigados: la ahora exalcaldesa Antonia Muñoz, la primera en la secuencia de cuatro regidores consecutivos con serios problemas judiciales. Muñoz, así como tres de sus ediles, se enfrenta a 15 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada, mientras que la petición se reduce a 10 años en el caso del asesor jurídico municipal. Acusaciones que se cimientan en un artículo concreto: el 91 de la Ley 7/1985 de 2 abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece los “principios constitucionales” que deben regir cualquier proceso de contratación pública de un funcionario o personal laboral. Porque es la persistente ausencia de los requisitos de “igualdad, mérito y capacidad y publicidad” lo que la Fiscalía ha considerado probado. El Ministerio Público, no obstante, va más allá y en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial, confirma una estrategia sostenida en el tiempo con el fin de perpetuar a la coalición de izquierdas en el poder en el único municipio que gobernaba en la Costa del Sol.

El litoral occidental malagueño ha sido, salvo alguna excepción protagonizada por un independiente, territorio bipartidista. Desde Torremolinos a Estepona, PP y PSOE se han ‘repartido’ las alcaldías de los municipios con mayor peso poblacional en la provincia, por eso, que IU copase una pequeña porción de territorio en la zona más cosmopolita era una pequeña victoria ideológica para la formación y sus dirigentes.

Los investigados, “con pleno conocimiento de la normativa”, firmaron “centenares” contratos en los que se incumplieron los principios legales que deben regir cualquier proceso selectivo “para crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos”. Una estrategia que los políticos procesados desarrollaron a través del Consistorio y diversas entidades en las que tenía representación. Los dirigentes de Izquierda Unida no hicieron nada a pesar de los indicios de corrupción.

La denuncia que a finales de 2009 destapó el denominado caso Manilva recogía que muchos de los presuntamente contratados irregularmente eran afiliados o simpatizantes de IU. Y así lo constataron los investigadores del Instituto Armado, que necesitaron 510 páginas para documentar todas las altas sospechosas. Aproximadamente una quincena, solo relacionadas con el entorno de la regidora, que llegó a nombrar cargos de confianza a una hermana y a su nuera.

La investigación de estos supuestos casos de enchufismo, así como las otras dos que desembocaron en sendas piezas que también están judicializadas, transitó de forma paralela a la inacción de los máximos dirigentes de Izquierda Unida en el país, la región y la provincia: Cayo Lara, Diego Valderas y José Antonio Castro, respectivamente, que, tras años de instrucción del caso, visitas de la Guardia Civil al Ayuntamiento y citaciones en los juzgados del equipo de Gobierno local, mantuvieron su apoyo a Muñoz pese al cúmulo de indicios que se cernía sobre su gestión. Hasta un incipiente Alberto Garzón, un joven diputado por Málaga que ya se arrogaba el papel de paladín contra la corrupción, guardó silencio durante mucho tiempo. El Ministerio Público eleva la cifra de enchufados, de los 470 que inicialmente documentaron los agentes del Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Málaga, hasta los 602 que ahora se plasman en el escrito de acusación. En este documento se especifica que, entre 2007 y 2013, la entonces alcaldesa y su concejal de Recursos Humanos, Diego Díaz, “suscribieron 900 contratos en nombre del Ayuntamiento sin realizar proceso de selección alguno, sin publicidad, sin dotación presupuestaria y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad”.

Aunque estas prácticas no se circunscribían únicamente al Consistorio y supuestamente se extendían a entes satélites como la Fundación de Manilva para el Desarrollo (Funmades), en cuya representación la regidora —de 2007 a 2011— “firmó diversos contratos de trabajo” sin cumplir los requisitos legales básicos. Como ejemplo de la propagación de estos métodos presuntamente prevaricadores, el fiscal hace hincapié en que, “con fecha 22 de enero de 2008”, Antonia Muñoz, como presidenta de la citada fundación, formalizó un contrato de trabajo a J. C. C. A. “por el cual se le nombraba coordinador de Fomento y Desarrollo Local” y “asumiendo funciones de dirección, gestión y organización”. Para ello, “se basó exclusivamente en el interés del contratado para ocupar el puesto y en el acuerdo alcanzado entre ambos, sin cumplir con ninguno de los principios anteriormente mencionados”.

Modificación de contratos

Este ‘modus operandi’ había enraizado con tanta fuerza en el día a día de la gestión municipal que hasta el asesor jurídico, Aitor Menoyo, fue dado de alta por la principal acusada “conociendo el mismo que no se habían respetado los cauces legalmente previstos a tal efecto”. Se produjo el 1 de diciembre de 2008 y “no se formuló oferta alguna de empleo mediante convocatoria pública y a través de concurso u oposición”. Otro de los entes utilizados fue el Club Deportivo Manilva. El fiscal del caso considera que Muñoz y su entonces concejal de Deportes, Francisco Medina, realizaron entre marzo de 2007 y el mismo mes de 2011 “cientos de contratos” sin atender a ninguno de los principios mencionados, ni establecer proceso de selección alguno. “En algunos de los casos, cumpliendo órdenes procedentes de la Delegación de Recursos Humanos, en las que se solicitaban que se modificasen contratos inicialmente suscritos a nombre del Ayuntamiento y pasasen a ser contrataciones realizadas por la entidad deportiva. Sin entrar a valorar la idoneidad de los contratados, su mérito y capacidad”. En concreto, Medina suscribió 149 altas laborales; mientras que Muñoz, un total 28. Los juicios por las otras dos piezas abiertas en el caso Manilva se han ido suspendiendo en el tiempo.

Sociedad de Comunicación Manilva supuestamente se empleó para este cometido estando bajo la dirección del concejal de Medios de Comunicación, Emilio López Berenguer, a quien se acusa de firmar —en representación de este organismo y entre 2007 y 2011— cientos de contratos incumpliendo la normativa recalcada anteriormente. Se da la circunstancia que este edil, al igual que otros dos —Diego Urieta y Mario Jiménez—, fueron encausados en varios procesos tras suceder en el cargo a Muñoz. Jiménez, el último, no ha presentado la dimisión por ello y sigue siendo el regidor del municipio. Estos hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito continuado de prevaricación de los funcionarios públicos, por lo que solicita para los cuatro políticos investigados en la causa “inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 15 años”. Esta petición de pena se reduce a 10 años para el asesor jurídico como “cooperador necesario” en un delito de prevaricación. Fuentes judiciales consultadas por este periódico confirmaron que las siete sesiones de este juicio arrancarían el próximo 31 de enero y, de iniciarse sin retrasos, sería la primera pieza de las tres en las que se dividió el caso Manilva sobre la que se celebra vista oral.

La Fiscalía, además de la declaración de los acusados, ha solicitado las testificales de 18 personas, entre las que se encuentran tres agentes de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento, la interventora municipal o el gestor de Recursos Humanos. También ha requerido la lectura de numerosos de los más de 14.400 que componen las actuaciones. Los juicios por la pieza que investiga las supuestas transferencias de dinero a una entidad urbanística del municipio, así como el que juzgará la adjudicación de contratos municipales, entre otros, a las empresas del marido de la exalcaldesa, se han suspendido por diversos motivos. En la primera causa, Muñoz y otros ediles se enfrentan a una suma total de 35 años de cárcel por malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. En la otra, donde están procesados siete políticos y el esposo de la que fuera regidora, el Ministerio Público reclama para cada acusado dos años de cárcel, cuatro de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 24 meses a 15 euros diarios por cargos de prevaricación continuada en concurso con gestión interesada.

Fuente: El Confidencial

Fuente:El Confidencial
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