Catorce años después de que una denuncia pusiese a la Guardia Civil sobre la pista de presuntos comportamientos corruptos en el Ayuntamiento de Manilva, este viernes se completa la trilogía de casos de una investigación que gravitó en torno al equipo de Gobierno de Izquierda Unida. La ahora exalcaldesa, Antonia Muñoz, así como tres sucesores y tres ediles se enfrentan a una petición total de 16 años de cárcel y 32 de inhabilitación por supuestamente otorgar irregularmente casi medio centenar de contratos al marido de la que fuera regidora. Éste también deberá sentarse en el banquillo en una causa de prevaricación administrativa. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) explicaron que está previsto que las vistas orales arranquen con los testimonios de los acusados y continúen justo una semana después con las declaraciones de los testigos. El juzgado de lo Penal número 6 será el encargado de juzgar a un total de ocho acusados para los que la Fiscalía —para cada uno— solicita dos años de cárcel y cuatro sin poder ejercer ningún puesto o cargo público.
Entre los procesados se encuentra, otra vez, el actual alcalde Mario Jiménez, que junto con otros compañeros de corporación de distintas siglas políticas, presuntamente autorizaron en Junta de Gobierno Local los pagos a la empresa del esposo de la entonces regidora. Durante este procedimiento administrativo “no se siguieron los requisitos exigidos por la normativa”, señaló el Ministerio Público en su escrito de acusación, en el que afirma que Muñoz, “aprovechándose de su cargo, y concertándose con su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil para la prestación de determinados servicios”. Todo ello, “a sabiendas de incumplir con las exigencias legales”. La Fiscalía reprocha a los concejales, algunos aún en activo, a pesar de las diferentes causas que arrastran, que “procedieron a aprobar las facturas presentadas” a pesar de que eran “perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación” y conocían “la relación marital existente” entre la regidora y el adjudicatario de los contratos.
La sociedad investigada fue constituida por ambos en 2005 y los agentes de la Policía Judicial del Instituto Armado requirieron tres folios para detallar las 43 facturas de servicios contratados entre 2007 y 2011. Entre los conceptos de las mismas, cuyos importes oscilan entre los 100 y los 23.492,95 euros, se encuentran una pérgola y un portal entrada al parque Las Horca, distintos electrodomésticos, colchones, cuatro aparatos de TDT, cuadros de decoración o estores. Los responsables del caso plasmaron en uno de sus informes del denominado caso Manilva que “no está acreditada la realización de publicidad, ni la libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección”, como exige la ley para los contratos por un importe superior a los 3.000 euros. El esposo de la entonces regidora fue agraciado con al menos 18 que rebasaban esa cantidad.
El juicio oral debería comenzar este viernes tras dos suspensiones previas y será el epílogo a una investigación que se inició en 2009 y que ya cuenta con su primera sentencia. Antonia Muñoz fue condenada el pasado mes de agosto en la pieza sobre las contrataciones irregulares en el Ayuntamiento con fines políticos tras constatarse 749 casos de enchufismo. El fin era “crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos momentos —Izquierda Unida—”, defendió el Ministerio Público. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, además, halló culpable al asesor jurídico municipal, Aitor Menoyo, que también está encausado en una segunda pieza que indaga en las transferencias de dinero desde las arcas municipales a una entidad urbanística. Este juicio comenzó hace poco más de un mes y está pendiente de que se fijen las fechas de las nuevas sesiones.
