Verdemar solicita al Ayuntamiento de Manilva información sobre los movimientos de tierras y obras de nuevas viviendas en Bahía de las Rocas y advierten que podrían afectar al Corredor Verde de Calataraje–Chullera, un espacio de gran valor ambiental.
La organización Verdemar Ecologistas en Acción ha solicitado información al Ayuntamiento de Manilva sobre los movimientos de tierras y obras de nuevas viviendas en la zona Bahía de las Rocas, en el término municipal de Manilva.
En concreto los ecologistas solicitan información sobre los movimientos de tierra y obras de urbanización que se llevan a cabo en la Avenida Sierra Nevada, junto al arroyo Calalaraje, que desemboca en la Playa de la Chullera.
También se ha detectado la acumulación de áridos y materiales de obra dentro de la franja de servidumbre del arroyo, lo que podría suponer una alteración de su cauce, así como una vulneración de la Ley de Aguas y la normativa sobre servidumbres de protección del dominio público hidráulico.
Esta acumulación de áridos y materiales se encuentra situad en una nueva promoción de viviendas recién terminadas, ejecutada por la empresa Metrovacesa.
“Según fuentes consultadas, estas viviendas están a la espera de la licencia de primera ocupación del Ayuntamiento de Manilva, pero hasta que no se retiren estos materiales y áridos no será concedida esa licencia para poder ocupar las nuevas viviendas”, indica un portavoz de la asociación ecologista.
Estos hechos podrían estar afectando de manera directa al Corredor Verde de Calataraje–Chullera, un espacio de valor ambiental que actúa como conexión ecológica y que debería ser preservado de impactos urbanísticos.
También en otra parcela junto al arroyo se llevan a cabo estudios geotécnicos para la construcción de una nueva promoción de viviendas dos solares con una superficie edificable de 17.000 m² en Bahía de las Rocas, para construir 153 viviendas.
Los ecologistas han pedido información sobre el estado legal y administrativo de las obras y licencias; la relación detallada de Informes y denuncias, en su caso, existentes a cerca de lo denunciado y las actuaciones administrativas y judiciales realizadas o proyectadas, dirigidas a poner fin estas acciones y la recuperación ambiental de la zona.
Todo ello de acuerdo con el Artículo 3.1.a) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
