En abril de ese año Pedro Tirado, que antes había formado parte del Grupo Independiente y Liberal de Jesús Gil, ganó las elecciones municipales como cabeza de cartel del Grupo Democrático Independiente de Manilva (PDEM). En noviembre, Tirado y Royal Marbella Estates firmaron un primer convenio para incluir La Parrada en el suelo urbanizable no programado y darle curso a los trámites para su desarrollo urbanístico.
Sin embargo, sólo se podían levantar 10 viviendas por hectárea, es decir, 1.300 en total, una cifra que parecía modesta y le restaba atractivo a la finca en el pujante mercado inmobiliario de aquel momento. Por eso Kujala y Biegert “decidieron acudir al entonces alcalde de la localidad” para conseguir que elevara la densidad residencial, indica el escrito del fiscal.
Para acercarse a Pedro Tirado se valieron de su cuñado, Francisco Calle, a quien “Aki Kujala le propuso el pago de una importante cantidad” tanto para él como para el alcalde “si lograba convencerlo para que permitiera el aumento de densidad de la parcela. Tirado presumiblemente aceptó “prestándose a tramitar el aumento de la densidad”. Este fue el contexto en el que supuestamente vio la luz el segundo convenio firmado en agosto de 2004. Unas semanas después, se fraguó la venta del suelo a Desarrollos Urbanísticos La Parrada, sociedad constituida por Ñ XXI, Prasa, Sociedad Colombina de Promociones Inmobiliarias, Nozart y Lathre Gestión Inmobiliaria. El precio se fijó en 101,6 millones de euros, más 16,2 en concepto de IVA.
La Fiscalía afirma que para canalizar el pago de las comisiones Aki Kujala y el cuñado del alcalde constituyeron la sociedad Royal Marbella Estates “con el único objeto de aparecer como la mediadora en la venta de los terrenos”, aunque en realidad esa labor de intermediación la había realizado José Luis Páez. Así, entre octubre y noviembre de 2004 Gestierra recibió pagos por valor de 5,3 millones de euros. De esa cantidad 3 millones fueron abonados a José Luis Páez y el resto se transfirieron a Inmoest, una sociedad constituida a su vez por otra gibraltareña en la que supuestamente el mecánico algecireño Rafael Fernández ejercía como presunto testaferro de Francisco Calle. “Con parte del dinero recibido” Inmoest, o sea el cuñado del alcalde, se compró un ático en Sotogrande, aunque “simuló un contrato de arrendamiento” por lo que “formalmente aparecía como mero arrendatario”.
Por su parte, Aki Kujala recibió 8,3 millones de euros y Stefan Biegert 11,5. El grueso de los fondos procedentes de la venta de La Parrada, 75 millones de euros, se transfirieron en octubre de 2004 a una cuenta del Bank Hoffmann de Zúrich (Suiza). Además, en el registro que realizó la Policía en el domicilio de Pedro Tirado el 13 de octubre de 2005 al ser detenido se hallaron 762.102 euros en efectivo, dinero que el fiscal entiende que “forma parte de la retribución pactada por Pedro Tirado con Aki Kujala y Stefan Biegert”. Además, en la casa de su cuñado se encontraron otros 26.400 euros en metálico.
La Fiscalía solicita para Aki Kujala cuatro años de prisión por los presuntos delitos de blanqueo y cohecho, así como 13 millones de multa y para el cuñado del alcalde otros cuatro años de cárcel por los mismos delitos y una multa de cinco millones. Para Rafael Fernández reclama dos años de prisión y multa de dos millones por supuesto blanqueo de capitales. Además exige el comiso del dinero intervenido tanto en los registros domiciliarios como el existente en las cuentas de las sociedades y la intervención de los bienes tanto personales como societarios relacionados con los delitos de blanqueo y cohecho que atribuye a los acusados.
Fuente: ElMundo.es
