VERDEMAR Ecologistas en Acción denuncia la comercialización de viviendas en el entorno protegido del Castillo de La Duquesa sin constar el cumplimiento íntegro del Plan Especial.
La asociación ecologista ha presentado denuncia ante la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía tras comprobar que ya se están publicitando viviendas correspondientes al proyecto “Urbanización Plan Parcial El Hacho – Promoción de viviendas exclusivas en Manilva, en primera línea de playa de La Duquesa”, concretamente un apartamento situado en Carretera El Castillo, 1, anunciado en un portal inmobiliario.
Castillo de la Duquesa está declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que su entorno se encuentra sujeto a un régimen especial de protección patrimonial. El Plan Especial del BIC Zona Entorno del Castillo establece expresamente que cualquier licencia de obras requiere informe previo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero.
Además, dicho Plan Especial contempla en la primera etapa del desarrollo la excavación del 100% de la parcela afectada. Sin embargo, según se ha podido constatar sobre el terreno, únicamente se habría ejecutado aproximadamente el 70% de dicha excavación.
La organización denunciante considera que la comercialización anticipada de las viviendas, sin que conste públicamente el cumplimiento íntegro de las determinaciones del Plan Especial ni la preceptiva autorización cultural, podría suponer una vulneración de la normativa de protección del patrimonio histórico y de la legalidad urbanística vigente.
Por ello, se ha solicitado formalmente que la denuncia sea incorporada al expediente administrativo correspondiente y que se verifique:
- La existencia del informe previo y resolución de la Consejería de Cultura.
- El grado real de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan Especial.
- La adecuación de las obras a la normativa de protección del entorno BIC.
La asociación recuerda que la protección del patrimonio histórico no es un mero trámite administrativo, sino una obligación legal destinada a garantizar la conservación de bienes culturales de especial relevancia para la ciudadanía.
