El Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga se ha declarado falto de competencia para juzgar por un delito continuado de prevaricación a la exalcaldesa de Manilva Antonia Muñoz y ha estimado que la causa se debe enjuiciar en la Audiencia Provincial.
En un auto judicial, la jueza ha ordenado el traslado de la causa al juzgado instructor de Estepona, que tendrá que instruir de nuevo parte del procedimiento y posteriormente se remitirá a la Audiencia Provincial de Málaga.
El abogado que representa a la exalcaldesa, Óscar Chicharro Arcas, pidió en julio de 2021 que el juicio se suspendiera en el Juzgado de lo Penal número 6 de Málaga por falta de competencia ya que la pena que se le podía pedir por dicho delito tendría que ser enjuiciada en la Audiencia Provincial.
Chicarro siempre ha mantenido que el delito continuado de prevaricación puede acarrear penas que pueden ser superiores a los diez años de inhabilitación especial y que debido a ello la competencia para enjuiciar el presente procedimiento lo tenía la Audiencia Provincial y no el Juzgado de lo Penal.
Tres años más tarde de esta petición, el juzgado le ha dado razón aunque durante este tiempo se han producido varios intentos de señalamientos de juicios y la Audiencia estimó un recurso de apelación en el que se acordaba un nuevo juicio entero.
Otro exalcalde
En el banquillo de los acusados también se sentará otro exalcalde de Manilva, Mario Jiménez, y se enfrentará a una petición fiscal de dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación y otro como cooperador necesario en un delito continuado de gestión interesada en el caso de Manilva II, que investiga la contratación ilegal de empresas.
El fiscal también solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 24 meses de multa a razón de 15 euros diarios y cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, según el escrito acusatorio.
Su antecesora, la exalcaldesa Antonia Muñoz también está acusada en dicho procedimiento, junto con su marido y otros cinco concejales, y se enfrentan a dos años de prisión al considerar el fiscal que permitieron que el Consistorio contratara con empresas de Muñoz y de familiares «a sabiendas de incumplir las exigencias legales».
Según la calificación fiscal, Antonia Muñoz -que en 2014 presentó su dimisión tras ser expulsada de IU- y su marido crearon en 2005 una empresa de muebles y decoración.
Dos años más tarde fue elegida alcaldesa de Manilva y en 2009, el Consistorio comenzó a adjudicar contratos a la empresa del matrimonio.
A pesar de que la alcaldesa tenía la competencia para autorizar los gastos, delegó tal facultad en la Junta de Gobierno Local, de la que formaban parte el resto de acusados en su condición de concejales, quienes, «conocedores de la ilicitud en la contratación», procedieron a aprobar las facturas pese a los continuos reparos de la interventora del Ayuntamiento que advertía de la falta de dotación presupuestaria, de incumplimiento de requisitos y formalidades para contratar.
Fuente: La Opinión de Málaga
