Un grupo de padres de alumnos usuarios del servicio de acompañamiento en el transporte de APRONA en Manilva ha presentado un escrito de queja en el registro de entrada del Ayuntamiento, mostrando su profunda preocupación ante el despido de una trabajadora. Según denuncian las familias, este despido sería consecuencia del nuevo pacto político y los cambios en el equipo de gobierno municipal, pudiendo afectar directamente a la estabilidad y atención de sus hijos con discapacidad que no entienden de siglas políticas.
En el escrito, dirigido al Alcalde de Manilva y a la Concejala de Asuntos Sociales, los padres reconocen la impecable labor que el Ayuntamiento ha realizado hasta el momento en la prestación de este servicio, atendiendo las necesidades de los alumnos con «una profesionalidad total» y preocupándose por las situaciones individuales de cada usuario día a día.
La principal inquietud de las familias radica en que este cambio político, tenga que suponer el despido de la actual trabajadora actualmente asignada al servicio. Argumentan que este hecho supondría un «perjuicio» para sus hijos, quienes necesitan «mucha estabilidad y conocer personalmente a quién les asiste de forma diaria». Los padres destacan la valiosa experiencia de la monitora que ha estado al frente de este cometido en la prestación de servicios sociales, señalando que ha sido capaz de adaptarse fácilmente a cada una de las personas con necesidades especiales que utilizan el servicio. Expresan sus dudas de que una posible sustituta vaya a reunir los mismos requisitos y la misma conexión establecida con estas personas.
Ante la confirmación del despido, las familias advierten que se reservan el derecho a seguir protestando y denunciando públicamente en los medios de prensa la situación de «desamparo» en la que se sienten. Asimismo, anuncian que vigilarán cualquier deficiencia que pudiera producirse y la pondrán en conocimiento de las autoridades competentes.
Según ha podido saber este medio, La trabajadora tenía un contrato de trabajo en vigor que se extendía hasta el mes de noviembre. Sin embargo, tras los recientes cambios en el equipo de gobierno municipal y, en particular, en la delegación de Bienestar Social de la que depende este servicio, se ha decidido su cese por considerarse un “puesto de trabajo político” y que por ello tiene que ser cubierto por alguien próximo al partido que le toca gestionar dicha delegación.
Este caso pone de manifiesto la preocupación de las familias al ver como estos cambios políticos puedan afectar directamente a la atención de servicios esenciales para personas con discapacidad, generando incertidumbre sobre la estabilidad y la calidad del acompañamiento que reciben sus hijos. Las familias esperan una respuesta urgente por parte del Ayuntamiento y solicitan reconsiderar la decisión en aras del bienestar de estas personas.
