El Grupo Municipal del Partido Popular de Manilva ha instado formalmente al alcalde y a la secretaria municipal a ejecutar de forma inmediata la sentencia del Tribunal Supremo que impone una pena de inhabilitación para empleo o cargo público a un funcionario vinculado a la administración local.
Esta solicitud hace referencia a la Sentencia nº 714/2025 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la misma que en la jornada anterior rebajó la pena de inhabilitación a la exalcaldesa Antonia Muñoz, y que, en paralelo, confirmó la condena de 21 meses de inhabilitación para el asesor jurídico A.M.C. por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de personal. Según la información previa, este asesor jurídico sigue prestando servicios de peso en la Gerencia de Urbanismo (GEUMA) del Ayuntamiento.
El Partido Popular subraya la obligatoriedad de acatar las sentencias firmes, tal y como establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, y exige que «El Ayuntamiento debe actuar con responsabilidad y transparencia, garantizando la correcta aplicación de la ley.»
En su requerimiento, el PP de Manilva también ha solicitado que se informe sobre la fecha exacta de inicio de la inhabilitación del funcionario condenado, así como las medidas concretas adoptadas para su ejecución, asegurando la «máxima claridad y rigor administrativo» en el proceso.
El grupo municipal ha concluido su comunicado defendiendo la legalidad, la transparencia y la buena gestión municipal, principios que consideran esenciales para una administración pública que debe estar al servicio de los vecinos.
