El Ayuntamiento de Manilva asume su culpa en los movimientos de tierras realizados en el entorno del BIC del Castillo que tras negar irregularidades en la gestión mediante una rueda de prensa, termina abonando la sanción y asumiendo su responsabilidad. Una resolución municipal confirma la infracción y el pago de 9.000 euros, pese a que el equipo de gobierno defendió públicamente su actuación días después de que esta redacción diera a conocer la apertura del expediente.
El Ayuntamiento de Manilva ha terminado reconociendo oficialmente su responsabilidad en las actuaciones realizadas sin autorización en el entorno del Bien de Interés Cultural (BIC) del Castillo de la Duquesa y ha procedido al pago de la sanción impuesta por la Junta de Andalucía. Todo ello, después de haber ofrecido una rueda de prensa en la que trató de restar importancia a los hechos y de desviar la atención hacia otra parcela distinta acusando a los medios de actuar de una manera interesada donde según el alcalde, se está intentando «confundir a la ciudadanía y a la opinión pública».
La resolución de Alcaldía reconoce expresamente la responsabilidad municipal por la aprobación de órdenes de ejecución para la limpieza y desbroce de una parcela dentro del entorno protegido del Castillo, sin la autorización previa de la Administración cultural. La sanción propuesta ascendía a 15.000 euros, si bien el Ayuntamiento optó por el pago voluntario con reducción del 40%.
Posteriormente, el 18 de diciembre de 2025, el propio alcalde firmaba la orden de pago de la sanción reducida, que quedó finalmente en 9.000 euros abonados a la Junta de Andalucía.
De la negación pública al reconocimiento oficial
Los hechos se remontan a las órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento los días 26 de marzo y 5 de mayo de 2025 para la limpieza de una parcela situada dentro del entorno arqueológico del Castillo de la Duquesa, donde el alcalde firmaba las autorizaciones pertinentes al propietario de la parcela tras el visto bueno de los técnicos municipales. Según la Consejería de Cultura, esas actuaciones provocaron movimientos de tierra que afectaron a restos arqueológicos.
El 14 de octubre de 2025, esta redacción hacía pública que la Junta había iniciado un expediente sancionador contra el Ayuntamiento por actuar sin autorización previa. La propia consejera de Cultura calificó el caso de “lamentable” y señaló que este tipo de situaciones se producen cuando no se solicitan los permisos correspondientes.
Seis días después, el 20 de octubre, el equipo de gobierno convocó una rueda de prensa para “poner luz” sobre el asunto. En ella, el alcalde aseguró que se estaba intentando “confundir a la ciudadanía” y centró su discurso en diferenciar dos parcelas distintas dentro del entorno del BIC, enseñando en rueda de prensa planos concretos del lugar donde se habían encontrado los restos arqueológicos para intentar aclarar la situación, hechos que hicieron enfurecer aún más a las personas que vigilan y protegen el patrimonio cultural.
El Ayuntamiento defendió entonces que sus actuaciones estaban dirigidas a «proteger el patrimonio y a evitar riesgos» (dando a conocer su situación), insistiendo en que había colaborado con la Junta y que se estaba mezclando información de forma interesada.
La resolución final contradice el discurso oficial
Sin embargo, la documentación posterior desmonta por completo la versión ofrecida por el propio Ayuntamiento donde alcaldía reconoce de forma expresa la responsabilidad municipal por haber aprobado las órdenes de ejecución sin autorización cultural previa, exactamente el motivo por el que la Junta inició el expediente sancionador.
Es decir, mientras públicamente se aseguraba que no había irregularidades y se intentaba desviar el foco hacia otra parcela, el propio Ayuntamiento ha terminado admitiendo la infracción y aceptando el pago de la sanción correspondiente.
Pago con descuento y “buena gestión”
El episodio se cerró el pasado 18 de diciembre de 2025, cuando el alcalde ordenó el pago de la sanción reducida de 9.000 euros gracias al sistema de «pronto pago», que rebajó la multa inicial que ascendía a 15.000 euros.
A la vista de los hechos, ahora queda la duda de si el Ayuntamiento convocará una nueva rueda de prensa para explicar a la ciudadanía esta “exitosa gestión económica”, que ha permitido ahorrar 6.000 euros a las arcas municipales por el «pronto pago»… tras reconocer oficialmente una infracción en un entorno arqueológico protegido ya que si hubo una comparecencia para negar los hechos, quizá también merezca otra para celebrar el descuento.
Rueda de prensa:
