El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona ha ordenado archivar la causa contra el exconcejal Emilio López Berenguer, que llegó a estar imputado por el ‘caso Manilva’, en el que se investiga una trama en la que presuntamente se enchufó a más de 600 trabajadores en el Ayuntamiento de la localidad costasoleña.
El juez concluyó que no quedaba debidamente acreditada la perpetración del delito que se atribuía inicialmente al exedil. López Berenguer ha dejado de ser investigado en este caso y se le ha citado como testigo, como demuestra la documentación a la que ha tenido acceso SUR.
Ante esta situación, la Fiscalía de Marbella, que en sus conclusiones provisionales había acusado a López Berenguer y pedía para él una pena de inhabilitación, ha modificado su escrito y ha retirado la acusación contra el exedil.
En esta causa se investiga una supuesta red clientelar destinada a captar el apoyo de los vecinos de Manilva e instalarse en el Ayuntamiento. Así considera la Fiscalía que actuó la exalcaldesa de la localidad Antonia Muñoz junto a otros concejales del municipio, sobre los que mantiene que enchufaron a cientos de trabajadores en el Consistorio para obtener de esta manera su voto en las elecciones y salir elegidos de forma permanente.
El Ministerio Público pide sentar en el banquillo de los acusados a la exalcaldesa y a los exconcejales Diego Díaz y Francisco Medina, para los que solita una condena de 15 años de inhabilitación. También está acusado en este procedimiento Aitor Menoyo, que fue contratado por Muñoz como asesor jurídico, para el que se piden 10 años de inhabilitación.
En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Diario Sur, el Ministerio Público hace referencia al artículo 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Con ello, recuerda que la oferta de empleo público debe llevarse a cabo mediante concurso, oposición o concurso oposición, en los que se garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Tras esta exposición, la Fiscalía insiste en que los procesados, con pleno conocimiento de la citada normativa y en su condición de cargos electos, suscribieron contratos en representación tanto del Ayuntamiento de Manilva, como de diversas entidades en las que el Consistorio tenía representación, incumpliendo en todos ellos con la normativa vigente. Ocurrió con el objetivo de crear una red clientelar de votantes que garantizara la permanencia en el poder del partido gobernante en esos años.
A continuación, el Ministerio Público concreta algunos de los enchufes, todos ellos enmarcados entre los años 2007 y 2013. Afirma que Muñoz, en su condición de alcaldesa (ganó las elecciones presentándose por Izquierda Unida en 1999), y el concejal Diego Díaz, como responsable del Área de Recursos Humanos, suscribieron contratos en nombre del Ayuntamiento de Manilva.
Concretamente fueron 900 contratos, según el escrito del Ministerio Público, sobre los que apunta que fueron suscritos con un total de 602 trabajadores. Al respecto, insiste en que no se hizo ningún proceso de selección, tampoco hubo publicidad, ni dotación presupuestaria y no se respetaron los principios de igualdad, mérito y capacidad.
