La Junta de Andalucía no cerrará las oficinas de la Agencia Tributaria en Marbella y Manilva. Según han explicado desde el gobierno autonómico, se trata únicamente de un cambio en el modelo de relación con los Registradores de la Propiedad a cargo de oficinas liquidadoras, votado y aprobado por los mismos, y vigente desde el 2 de enero de 2020, fecha en la que se produjo la firma del convenio entre la Agencia Tributaria de Andalucía y los Registradores de la Propiedad.
Este cambio afecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITPAJD) y al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), pero no implica el cierre de oficinas. En total, siguen existiendo las mismas 91 que en el gobierno anterior, según han señalado.
Las funciones delegadas en las oficinas cambiarán en este nuevo modelo, pero no afectarán al contribuyente, ya que continúan «informando y asistiendo» para la presentación de documentos y el pago de impuestos.
Tras esta reorganización, la Agencia Tributaria dispone de un total de 33 puntos de control en Andalucía, con 24 oficinas junto a las nueve oficinas propias. Adicionalmente, la Agencia ha delegado en los titulares de 40 Registros de la Propiedad determinadas funciones de lucha contra el fraude fiscal.
En este sentido, han recordado que la relación de la Junta de Andalucía con estas oficinas se basaba en un convenio de 1999, y actualmente una de cada dos autoliquidaciones se presentan por vía telemática, por lo que es necesario su actualización «a las nuevas exigencias de la sociedad».
La actualización de la colaboración también afecta a la denominación de las oficinas con el fin de «reflejar las funciones que van a realizar los titulares de los 91 Registros de la Propiedad, evitando cualquier tipo de confusión al respecto», por lo que dejarán de llamarse Oficinas Liquidadoras. El convenio firmado establece un nuevo sistema de determinación de honorarios para los titulares de los Registros de la Propiedad, ligado al trabajo «efectivamente realizado» y al cumplimiento de objetivos, tanto en lo que concierne a la disponibilidad de servicios de información y asistencia como a los de lucha contra el fraude fiscal.
Estos objetivos se basan en una combinación de retribuciones fijas y variables en función de los servicios prestados de manera efectiva, potenciando el incremento de la recaudación y la reducción de conflictos con los contribuyentes. Esta remodelación es fruto de un proceso de «reorganización administrativa», realizado en coherencia con la nueva política fiscal del gobierno de la Junta, según han explicado.
La reorganización de la administración tributaria busca ofrecer una mayor flexibilidad en la organización y la especialización de tareas, junto a un proceso de transformación digital en la misma, «coherente con la política de administración electrónica, simplificación de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta», que posibilite la relación de los contribuyentes con la Agencia íntegramente por medios electrónicos para evitar desplazamientos innecesarios.
