El Ayuntamiento de Manilva ha presentado ante la Audiencia Nacional una demanda contra el deslinde, aprobado definitivamente por Orden Ministerial de 30 de septiembre de 2009, del tramo de costas del término municipal comprendido entre el límite de la provincia de Cádiz hasta el extremo norte de la Urbanización Playa Paraíso. La Corporación costasoleña ya demandó a la Administración del Estado por el deslinde que afecta a las barriadas históricas de Sabinillas y El Castillo, y ahora se ha visto de nuevo en la obligación de demandar al Ministerio de Medio Ambiente por el segundo tramo de costas deslindado en el término municipal de Manilva, tras requerirle para que lo corrigiera sin haber recibido respuesta alguna.
En esta ocasión el deslinde aprobado vulnera flagrantemente las competencias en materia urbanística que tiene encomendada constitucionalmente la Administración autonómica y local. De tal manera que el Ministerio de Medio Ambiente ha fijado el límite de la zona de servidumbre de protección sin tener en cuenta el planeamiento urbanístico aprobado y ejecutado con anterioridad de la Ley de Costas de 1988.
El Ayuntamiento de Manilva considera asimismo muy grave que la Administración del Estado modificara unilateralmente el límite de la servidumbre de costas de veinte metros a cien metros sin requerir informe municipal alguno, y sin someter a un nuevo trámite de información pública el proyecto de deslinde.
En la demanda interpuesta se expone cómo el deslinde sometido a información pública tras el acto de apeo, celebrado el 29 de noviembre de 2007, fijó la zona de servidumbre de protección en veinte metros, y cómo en la última fase de tramitación del expediente se modificó ampliándolo hasta cien metros sin seguir los trámites legalmente establecidos en la Ley de Costas y su Reglamento.
Además de esta flagrante vulneración de la Ley el deslinde aprobado adolece de innumerables errores y contradicciones, llegando incluso a incorporar estudios técnicos que no pertenecen al tramo de costas deslindado, como ocurre por ejemplo con las calicatas efectuadas para determinar hasta dónde llega la arena de la playa, que han sido extraídas de otra zona fuera de los límites del deslinde.
Este modo de proceder de la Administración del Estado además de vulnerar la Ley, afecta a los vecinos que viven junto a la zona deslindada, generándoles una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica sin parangón.
La situación creada irregularmente por el Ministerio de Medio Ambiente limita los usos en la zona de servidumbre sin soporte legal alguno, en una muestra más de un modo de proceder que el Parlamento Europeo ha cuestionado en varias ocasiones, la última de ellas con la aprobación del Informe elaborado por la eurodiputada verde danesa Margret Auken en marzo del año 2009.
El Ayuntamiento de Manilva denuncia asimismo que la Administración del Estado haya tardado más de veinte años en deslindar la franja costera, habiendo mantenido una posición durante todo este tiempo lejana a la protección y conservación del dominio público marítimo terrestre, haciendo un uso arbitrario de las potestades públicas que sólo ha generado desigualdad y privilegios.
Recuerda la Corporación manilveña que en su término municipal se ha velado por el interés general, revisando licencias y paralizando obras otorgadas en su día por el GIL que atentaban contra el dominio público natural, sin recibir apoyo ni colaboración de las Administraciones estatal y autonómica, que incluso han rehusado personarse en procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento de Manilva ha sido demandado por impedir la ocupación de la costa con macrourbanizaciones.
