Una herencia envenenada. Eso es lo que ha supuesto para el Ayuntamiento de Manilva la creación en el año 2001 de las sociedades municipales, primero, y su apresurada disolución después en el año 2006. Creadas como una administración paralela con el único objetivo de evitar la fiscalización y el control de los órganos administrativos municipales, según se detallaba incluso en un informe de la Intervención municipal del año 2009, que recoge textualmente: ‘Una de las pegas que resultan de la auditoría de las cuentas de las sociedades se debe a la falta de coordinación con el Ayuntamiento debido fundamentalmente a que nunca funcionaron como sociedades propiamente dichas, sino como un instrumento en manos de los diferentes gobiernos municipales para evitar los controles a que deben estar sometidos legalmente”.

Además de servir de ‘oficina de empleo’ de los partidos políticos gobernantes en aquel momento, las sociedades municipales, Sociedad de Limpieza de Manilva S.L. (SOLIMA) y Manilva Servicios Municipales S.L. (MSM), y posteriormente la Sociedad de Comunicación Social de Manilva S.L., han provocado y siguen provocando importantes problemas para la gestión municipal.

El último, la notificación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas comunicando la amenaza de retención de la aportación de la Participación en los Ingresos del Estado por no presentar las cuentas generales del Ayuntamiento. Concretamente, señala la comunicación, por tener pendiente la comunicación de una o varias sociedades mercantiles dependientes. Sólo 3 municipios en la provincia de Málaga tienen practicada esta retención.

Crearon la herramienta, pero nunca se preocuparon de que funcionara como una entidad independiente. Nunca se pagaron los seguros sociales de los trabajadores adscritos, ni las retenciones de IRPF, ni las cantidades que iban contratando…

Posteriormente, en el año 2006, se disolvieron precipitadamente unos meses antes de las elecciones, SOLIMA y MSM, absorbiendo el Ayuntamiento de Manilva toda la situación de ambas, es decir, su personal y sus deudas. Un total de 334 empleados que suponían un incremento en la nómina mensual de más de 400.000 € y una deuda en pasivo de 11.495.673,01 € correspondiente a acreedores a corto plazo, Hacienda y la Seguridad Social.

 La delegación de Hacienda lleva años poniendo en orden toda esta situación para intentar regularizarla y tener al día todos los documentos y comunicaciones a otras administraciones tal y como establece la ley.

Ya se ha comenzado a recoger frutos.

Así, hace un par de semanas se reunía la Comisión Especial de Cuentas, formada por un representante de cada partido político con representación en el Ayuntamiento, el concejal de Economía y Hacienda, Marcos Ruiz y la alcaldesa, Antonia Muñoz, en la que se aprobó por unanimidad las cuentas generales del Ayuntamiento entre los años 2001 y 2005.

El siguiente paso será aprobar las cuentas de la Sociedad de Comunicación para poder proceder a su disolución posterior, con los plazos que marca la ley. Este paso permitirá aprobar las cuentas generales del Ayuntamiento hasta el 31 de diciembre de 2011. Este es el objetivo planteado por el concejal de Economía y Hacienda, Marcos Ruiz, siguiendo las instrucciones de la propia alcaldesa, Antonia Muñoz. Y esto se quiere llevar a cabo antes del próximo mes de julio, fecha en la que también podrá someterse a aprobación el Presupuesto General Municipal para el presente ejercicio 2012.

Con ello se dará cumplimiento a la instrucción contable y se podrán remitir las cuentas al Tribunal de Cuentas, según explica el concejal de Hacienda, Marcos Ruiz.

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