Los casos judiciales de Manilva se enquistan en los juzgados tras más de 11 años desde que inició el procedimiento y se produce de nuevo un aplazamiento, tanto el previsto para el día 23 “pieza de el Hacho”, como el del próximo día 27 “contrataciones irregulares”. De momento no se conocen nuevas fechas.
La Sección Primera de la Audiencia de Málaga tenía previsto juzgar este próximo jueves 23 de septiembre a las 10 de la mañana al alcalde de la localidad Mario Jiménez; a la ex-alcaldesa Antonia Muñoz, la actual Concejala de limpieza Paqui López, el asesor jurídico del Ayuntamiento Aitor Menoyo y los antiguos Concejales del consistorio Antonio de Haro y Emilio López, por los delitos de prevaricación y malversación por presuntas irregularidades en el traspaso de fondos municipales a la entidad urbanística El Hacho cuando Muñoz era la primera edil.
La celebración de la vista oral estaba prevista para el pasado 19 de mayo, pero el alcalde se encontraba en ese momento hospitalizado, por lo que los abogados de los acusados consideraron que el juicio se debía aplazar para celebrarse en unidad de acción; mientras que el fiscal mantuvo inicialmente la celebración de dos vistas pero que finalmente, la Sala acogió el argumento de las defensas.
Los hechos se remontan al año 2008, cuando se constituyó la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación del Complejo Residencial El Hacho, la mayor urbanización del municipio, situada junto al puerto La Duquesa.
El fiscal señala en su escrito que tanto la alcaldesa, como algunos miembros de la junta de gobierno del Consistorio, entre ellos el actual regidor, ordenaron o ayudaron a aprobar -con su voto- operaciones por las que se financiaba la entidad urbanística de El Hacho con dinero del Ayuntamiento.
La Fiscalía también reclama que los acusados y la entidad urbanística El Hacho indemnicen al Ayuntamiento de Manilva con 217.159 euros, que es la cantidad presuntamente malversada.
La Fiscalía solicita inicialmente ocho años de prisión para la exregidora, al acusarla de dichos delitos con carácter continuado; mientras que para el alcalde y otras cuatro personas pide cuatro años de cárcel y 17 de inhabilitación para empleo o cargo público.
Asimismo, está acusado un asesor, para el que el ministerio público pide que se le impongan siete años de cárcel.
La siguiente semana, el día 27 de septiembre, de nuevo 4 alcaldes del municipio tenían que volver por la pieza separada del denominado “Caso Manilva” que continúa su procedimiento tras la celebración el pasado 9 de julio de las diligencias previas tras más de 11 años desde que se presentó la denuncia inicial del comité de empresa que inició todo el procedimiento e investigaciones.
Esta pieza que se encausa trata sobre la investigación de la adjudicación de contratos a personas con vínculos familiares a la exalcaldesa, en concreto al marido por el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios “en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación”.
Esta acusación señala que tras las elecciones de mayo de 2007, la entonces alcaldesa por IU, “aprovechándose de este cargo y concertándose con el que era su marido, procedió a adjudicar verbalmente contratos menores a favor de la mercantil”, constituida por ambos en 2005, “para la prestación de determinados servicios, a sabiendas de incumplir con las exigencias legales”.
La calificación indica que esto se realizaba “sin la existencia de expedientes administrativo de contratación, sin una propuesta y sin aprobación del gasto”, ya que el entonces cónyuge “presentaba en el Ayuntamiento facturas de servicios ya prestados, incumpliéndose así con los requisitos que marca la legislación”, además de que existían reparos de Intervención por falta de dotación presupuestaria.
A pesar de que la alcaldesa tenía las competencias para autorizar estos gastos, delegó en la junta de gobierno, “de la que formaban parte el resto de los acusados en su condición de concejales, quienes siendo, perfectamente conocedores de la ilicitud en la contratación y teniendo conocimiento de la relación marital existente, procedieron a aprobar las facturas presentadas“.
Según el fiscal, muchas de las facturas aprobadas en junta de gobierno iban con la firma de Mario Jiménez, actual alcalde de Manilva. “De igual forma se concertaron los acusados para celebrar verbalmente otros contratos en los que igualmente se prescindió total y absolutamente de todo procedimiento administrativo en su adjudicación“, dice el escrito, en el que también se detallan otras facturas a nombre de la empresa de otro familiar.
Además de Muñoz y su marido, V.C.S., el actual alcalde, Mario Jiménez Rodríguez y la actual edil de Limpieza Francisca López; los ex regidores Diego Urieta Jiménez y Emilio López Berenguer; y los ex concejales de Limpieza y de Recursos Humanos Antonio de Haro Fernández y Diego Díaz Jiménez, respectivamente.
