El equipo de gobierno formado por Izquierda Unida y ASM, podría incurrir en prevaricación en la adjudicación del servicio de agua. El próximo viernes 26 de diciembre se celebrará un pleno en el que se privatizará el servicio municipal de agua, y el equipo de gobierno está dispuesto a otorgar el servicio contradiciendo los informes técnicos.
De las cinco empresas que optaban a quedarse con el servicio, una fue excluida por presentar oferta múltiple, y las otras cuatro fueron baremadas por una Comisión Técnica formada por el Secretario, la Interventora, el Arquitecto Municipal, un Ingeniero de Caminos y dos Asesores Jurídicos.
La Mesa de Contratación, en la que se decidía que propuesta se llevaría finalmente a pleno, se decantó por una empresa que no era la primera en la valoración de los técnicos. Es más, no se consiguió cerrar el acuerdo por unanimidad, ya que los políticos Antonia Muñoz, Emilio López, Mario Jiménez y Diego Díaz se decantaron por una opción, mientras que los técnicos votaron de acuerdo con el informe presentado por la Comisión Técnica.
Para el PSOE, está circunstancia podría no estar ajustada a derecho, y si finalmente el pleno adjudica el servicio de agua a la empresa elegida por el equipo de gobierno, responsabilizará de esta decisión a todos los concejales que la apoyen en el pleno.
Los servicios jurídicos del Grupo Municipal Socialista interpretan que esta adjudicación podría ser, presuntamente, constitutiva del delito de prevaricación, ya que consistiría en tomar una decisión injusta a sabiendas. Por ello el Grupo Municipal Socialista no descartaría denunciar penalmente esta adjudicación.
Para los socialistas esta privatización ya está bajo sospecha, y el equipo de gobierno debería explicar quién gana con esta decisión, ya que el ayuntamiento va a recibir muy poco dinero, y los vecinos van a tener que pagar el agua un 60% más cara.
