El gradual desmoronamiento de Grupo Otero es un hecho. La compleja situación económica de la firma que construía viviendas de lujo en la Costa del Sol sobrepasa los impagos a proveedores y los proyectos inacabados y se ha extendido a su plantilla.
El CEO de la compañía, Rubén Otero, ha anunciado a sus empleados que inicia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que conlleva un “despido colectivo”. La empresa publicitaba en su web que en 2022 contaba con más de 130 trabajadores. La decisión ha sido comunicada a través de una carta en la que afirma que “las inasumibles tensiones que venimos padeciendo como consecuencia del incremento desmesurado de costes de materiales y gastos de explotación […], han situado a esta mercantil en una situación absolutamente insostenible”.
La empresa, que durante todo 2022, año en el que se manifestaron turbulencias en el sector por el efecto aumento de precios de las materias primas, la inflación y el conflicto de Ucrania, exhibió una gestión expansiva, explica al plantel que “va a iniciar un procedimiento de despido colectivo por causas económicas y productivas en virtud de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores”.
En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, con fecha 14 de febrero, Día de los Enamorados, se avisa a los afectados que; “dado que no existe representación legal de los trabajadores en la empresa, […], le rogamos, tanto a usted como al resto de sus compañeros, que procedan a designar los representantes que van a formar la comisión negociadora”.
Rubén Otero detalla que esta “deberá constituida en el plazo máximo de 15 días desde su notificación“, de tal forma que “podamos fijar un calendario de reuniones e iniciar el procedimiento de consultas“. La comisión, añade, “deberá establecer en su acta de constitución que se forma como órgano colegiado en cuanto a la formación de su voluntad y el carácter vinculante de sus decisiones”. “Por último”, se dirige a los receptores de la carta, “os informamos que esta empresa estará asesorada por un despacho de abogados” durante el desarrollo del ERE.
Grupo Otero aseguraba que había crecido de una plantilla compuesta por 13 efectivos en 2017, a más de 130 durante el pasado año. Hay que tener en cuenta que solo, según los datos ofrecidos por la constructora, se realizó una treintena de contrataciones en 2021. Esta cifra es similar a las efectuadas a lo largo de 2020, periodo de mayor afectación de la pandemia; por lo que es evidente que la compañía siguió aumentando los costes laborales, a pesar de que los efectos negativos en la economía de la coyuntura internacional eran ya palpables hace año y medio.
La vía epistolar también fue la elegida por el CEO de la constructora para trasladar a los compradores de viviendas inacabadas un incremento de precios si querían ver finalizados los proyectos. “En aplicación de la cláusula cuarta del contrato —que no describe—, amparándonos en la doctrina del Tribunal Supremo y el principio de rebus sic stantibus —figura jurídica que establece que un acuerdo será vigente mientras se mantengan las condiciones iniciales—”, considera que está avalada la modificación del montante pactado inicialmente.
Acciones legales
Los clientes que se consideran afectados por la paralización de las obras, así como por esta última medida, están asesorándose legalmente e incluso se organizan para comunicarse los pasos dados, ya que una de las principales quejas es la falta de información por parte de Grupo Otero. No son los únicos. El Ayuntamiento de Manilva, donde la compañía tiene dos promociones inacabadas de 65 viviendas, informó días atrás que ha “levantado acta” de esta situación y ha realizado requerimientos para que la compañía se explique.
La constructora ha informado a la plantilla de que su situación es “absolutamente insostenible”
“Todo ha sido muy reciente, aún estamos intentando hablar con ellos para que nos den una explicación, pero parece que esto va a terminar en una plataforma”, comentaron a este periódico desde una empresa que tenía pagarés comprometidos por cantidades que se aproximan a 1,5 millones de euros. Solo los impagos de enero sumaban 370.000 euros y contaron que esa cantidad “debía haberse hecho efectiva el pasado 25 de enero”, pero que las obligaciones de pago fueron devueltas por el banco, una circunstancia que también les ocurrió en diciembre. “Entonces nos dijeron que había habido un contratiempo, que no nos preocupásemos y que se sumaría al importe que deberían satisfacer en febrero”. Pero cuando el segundo impago hacía atisbar un peligroso patrón, y pidieron nuevamente explicaciones, la respuesta les inquietó aún más: “Respondieron que había habido problemas financieros”.
La rumorología en torno a la presunta quiebra de la firma ha ido creciendo desde que trascendió y son varios los empresarios consultados que se quejaron de la falta de información por parte del Grupo Otero. “Llamas y nadie sabe nada”, apuntaba uno de ellos.
La deuda alcanzaría aproximadamente dos millones, sumando únicamente las cantidades de las empresas con las que contactó este periódico, aunque el montante se cifra en “cuatro o cinco millones” correspondientes solo a las últimas obligaciones de pago. Esta cifra, no obstante, se espera que vaya aumentando progresivamente porque la mayoría de las empresas de materiales y servicios, así como las subcontratas, recibían pagarés a 90 días. Entre las presuntas víctimas, además de las pymes que pueden ver comprometida su viabilidad por el agujero que les puede ocasionar esta situación en sus balances, además de bastantes clientes, muchos de ellos extranjeros, que habían proyectado una residencia en la Costa del Sol.
