Pocos días antes de que acabase la pasada legislatura la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, anunciaba que el Ayuntamiento había interpuesto un recurso en la Audiencia Nacional contra la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por el asunto del Deslinde Marítimo Terrestre. Ahora, transcurrido un mes de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, continúa la presión municipal para defender los intereses locales en este peliagudo asunto que lleva años en discusión. Así, la alcaldesa Antonia Muñoz, acompañada del concejal de Urbanismo, Diego Urieta y de un técnico de esta delegación, han acudido hoy hasta Madrid para entrevistarse con responsables de la Dirección General de Costas.
Muñoz argumentaba que Manilva ha sido muy perjudicada por esta entidad estatal por lo que harán todo lo posible para evitar mayores daños al municipio.
La intención que persiguen los mencionados responsables municipales es que se atienda el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Manilva y que se considere el borde del paseo marítimo como el punto limítrofe del deslinde.
Cabe recordar que el Consistorio presentó una demanda ante la Audiencia Nacional contra el documento aprobado definitivamente por orden ministerial de 30 de septiembre de 2009. En concreto, al tramo del litoral comprendido entre el límite de la provincia con Cádiz hasta el extremo norte de la urbanización Playa Paraíso. El Ayuntamiento considera que el deslinde aprobado vulnera flagrantemente las competencias en materia urbanística que tiene encomendada constitucionalmente la Administración autonómica y local. Así, el Ministerio de Medio Ambiente ha fijado el límite de la zona de servidumbre de protección sin tener en cuenta el planeamiento urbanístico aprobado y ejecutado con anterioridad de la Ley de Costas de 1988.
El Ayuntamiento de Manilva considera también muy grave que la administración central modificara unilateralmente el límite de la servidumbre de costas de veinte metros a cien metros, sin requerir ningún informe municipal y sin someter a un nuevo trámite de información pública el proyecto de deslinde.
En la demanda interpuesta se expone cómo el deslinde sometido a información pública tras el acto de apeo, celebrado el 29 de noviembre de 2007, fijó la zona de servidumbre de protección en veinte metros, y cómo en la última fase de tramitación del expediente se modificó ampliándolo hasta cien metros, sin seguir los trámites legalmente establecidos en la Ley de Costas y su reglamento.
