El Ayuntamiento de Manilva está trabajando en una nueva ordenanza fiscal que establecerá una tasa para los promotores que desarrollen proyectos urbanísticos en el municipio. Una propuesta que el equipo de Gobierno pretende incorporar de cara a los presupuestos del próximo ejercicio y que abre dudas sobre sus posibles consecuencias para la economía local y el atractivo de Manilva como destino de nuevas inversiones.
Según ha anunciado el propio Consistorio, el alcalde, Mario Jiménez, el concejal de Urbanismo y Hacienda, Juan Carlos Morejón, y técnicos municipales han mantenido una reunión para abordar esta iniciativa, cuyo objetivo es que quienes inviertan en Manilva contribuyan también económicamente al desarrollo del término municipal.
El argumento del Gobierno local es que los instrumentos de ordenación necesarios para impulsar determinados proyectos parten del propio Ayuntamiento y que, por tanto, los promotores deben contribuir a financiar los recursos y servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Con esta nueva tasa, el Consistorio pretende incrementar sus ingresos y reforzar los servicios municipales.
Desincentivar la llegada de inversores a la localidad
Manilva compite con otros municipios de la Costa del Sol por atraer proyectos empresariales, urbanísticos y turísticos. En este panorama en el que otros municipios intentan facilitar lo máximo posible las inversiones en sus correspondientes términos municipales, cualquier nuevo coste que se incorpore a la actividad de los promotores puede influir en sus decisiones a la hora de elegir dónde desarrollar sus proyectos.
Si las condiciones económicas o administrativas resultan menos atractivas que las de otras localidades, existe el riesgo de que determinadas inversiones terminen trasladándose a municipios vecinos donde encuentren mayores facilidades o una fiscalidad más favorable.
Y las consecuencias de una menor actividad inversora no se limitarían al sector de la construcción o a las propias empresas promotoras. Cada proyecto de cierta envergadura genera una cadena de actividad económica en una gran cantidad de empresas locales que alcanza a trabajadores, autónomos, empresas auxiliares, proveedores, transportistas, hostelería, comercios y numerosos servicios profesionales.
Es decir, una inversión que no llega a Manilva puede suponer también empleos que no se crean, contratos que no se generan y actividad económica que deja de repercutir en los negocios locales.
El equilibrio entre recaudar y facilitar la actividad económica
La cuestión no debería plantearse únicamente desde la perspectiva de ganar más dinero para las arcas del Ayuntamiento, sino también, hay que tener en cuenta el impacto que esta medida puede tener sobre la paralización de muchas empresas locales que viven gracias a esas inversiones y a su generación de empleo.
Es razonable que quienes desarrollan grandes proyectos contribuyan a los gastos públicos que estos puedan generar y que exista una contraprestación proporcionada por los servicios municipales. Pero también resulta importante que cualquier nueva carga fiscal esté suficientemente justificada, sea transparente, repercuta realmente en inversiones de infraestructura que beneficien a todos los vecinos y no termine convirtiéndose en un obstáculo para quienes desean apostar empresarialmente por Manilva.
Por el momento, el Ayuntamiento no ha detallado públicamente la cuantía de la nueva tasa, cómo se calculará, a qué tipo de proyectos afectará ni qué criterios se utilizarán para determinar su aplicación. Tampoco se conocen estimaciones sobre la recaudación prevista ni un análisis del posible impacto sobre la llegada de nuevas inversiones.
La propuesta se encuentra todavía en fase de elaboración, por lo que habrá que esperar a conocer el contenido de la ordenanza para valorar su verdadero alcance.
El reto para Manilva será encontrar un equilibrio entre conseguir más recursos para mejorar los servicios públicos y mantener un entorno atractivo para la inversión privada. Porque incrementar los ingresos municipales puede ser positivo, pero si para conseguirlo se termina perdiendo actividad económica, oportunidades de empleo y proyectos empresariales, el resultado podría ser muy diferente al que inicialmente se persigue.
