Las obras de remodelación de la Plaza de Los Naranjos en Sabinillas, impulsadas por el Ayuntamiento de Manilva, avanzan a buen ritmo con el objetivo de finalizar antes de Navidad. El proyecto contempla una transformación integral que incluye nuevas infraestructuras, una renovación estética y la sustitución de la antigua fuente por una transitable a nivel de suelo con chorros de agua. Sin embargo, la ampliación del espacio útil se logrará a costa de eliminar las escasas zonas verdes existentes y que le daban sentido histórico a su propio nombre “Plaza de los Naranjos” sustituyéndolas por áreas de sombra con elementos artificiales.
Falta de respuesta por parte del consistorio
Pese a que desde el mismo consistorio lanzaron una nota de prensa en la que daban a entender que se reunían con los empresarios y vecinos afectados por estas obras, la realidad parece ser un poco distinta. Una propietaria de una vivienda anexa, denuncia la instalación de una caseta realizada de obra y adosada directamente a la fachada de carácter privativo de su vivienda sin haber sido informada previamente ni haber otorgado la autorización pertinente para ello.
Ante esta supuesta invasión de su propiedad, la afectada asegura que solicitó explicaciones formales al Ayuntamiento mediante registro de entrada el pasado 6 de noviembre. Hasta la fecha, el Consistorio no ha emitido respuesta alguna, incurriendo en un silencio administrativo que, según la denunciante, le genera una total indefensión y es por ello que inicia los trámites que le permite la ley para defender su propiedad privada.
Denuncia ante el Defensor del Pueblo y los Juzgados de Estepona
Ante la falta de contestación, esta vecina ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo por la falta de respuesta e información por parte de la administración local y otra en los Juzgados de Estepona, a la que este medio ha tenido acceso. En el escrito, con fecha de entrada hoy 24 de noviembre, la denunciante solicita la paralización inmediata de la construcción de la caseta por considerarla irregular y contraria a la normativa urbanística vigente.
El documento de denuncia añade que la Administración está obligada a responder en plazo y velar por la legalidad urbanística, además de garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener una respuesta expresa y a la tutela judicial efectiva, recogida en el artículo 24 de la Constitución Española.
