Izquierda Unida valorará si la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, debe o no dimitir. Esta es la idea que transmitió ayer el coordinador provincial del partido, José Antonio Castro, tras conocer que la primera edil ha resultado imputada por un presunto delito de prevaricación urbanística. Según aseveraron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fue a declarar en condición de tal el pasado miércoles al Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona.
Castro aseguró a este periódico que aún no se había puesto en contacto con Muñoz, pero que lo iba a hacer, y que no se podrían decidir los pasos a seguir hasta conocer los detalles del caso. La regidora declaró en relación a un aumento de la edificabilidad de una urbanización después de supuestamente restar zonas de recreo y deportivas.
«Parece que se trata de un tema administrativo», apuntó Castro, a la par que señaló: «fue por una denuncia que recibió, no tanto de los promotores, sino de uno de los que iban a acceder a las viviendas y por el hecho de la inscripción en el registro de la calificación de este suelo».
De esta manera, expresó que IU está «a expensas de conocer en profundidad esta cuestión» y saber «su alcance» para abordarla. «En función de la información concreta y exacta de lo que se le atribuya y de la consideración que tengamos, pues se pondría en marcha el mecanismo», dijo.
Muñoz ya firmó una declaración el año pasado con el compromiso de dimitir si fuese imputada por un delito como prevaricación o tráfico de influencias cuando fue a declarar por presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento que también están siendo investigadas.
Al respecto, Castro precisó: «más allá de lo que haya firmado, IU tiene un código ético al que todos los cargos públicos tenemos que ceñirnos». Por último, reconoció que la situación «es preocupante», y mantuvo que la decisión de su dimisión se tomará conjuntamente en el partido.
Por otra parte, el portavoz del PSOE en Manilva, Manuel Gil, indicó que su grupo será cauto «hasta que no se ratifique que toda esta imputación es verdad», pero que si se confirman los hechos, evidentemente le pedirá a Antonia que ejecute su dimisión. Así, hizo referencia a que la alcaldesa dijo públicamente en la carta sin fecha que, en caso de delito urbanístico, dimitiría. «Si el TSJA está diciéndolo, sería una contradicción el no llevar a cabo esa dimisión firmada; somos los primeros que se lo vamos a pedir», mantuvo.
Por otro lado, subrayó que no ha podido hablar aún con la primera edil porque «no se ha dejado ver, al igual que casi todos los concejales». Gil expuso que se ha creado «cierto revuelo en el Ayuntamiento», y afirmó: «estamos hablando de la alcaldesa, no de ningún cargo que no sea el más representativo del Ayuntamiento».
El caso
Fuentes cercanas al caso comentaron a Diario SUR que la declaración de la alcaldesa del miércoles tendría que ver con una parcela a la que se le habría dado una mayor edificabilidad y que se desarrolló hace varios años, en el mandato del exalcalde, Pedro Tirado. Las fuentes aseguraron que en la legislatura de Salvador Zotano se había iniciado un proceso de regularización de este aspecto, y que en 2007 se pidió al Ayuntamiento la licencia de primera ocupación.
Las fuentes indicaron que por aquel entonces los hechos se comenzaron a investigar pero que Antonia salió de este proceso sin cargos, hasta ahora. Al parecer, una particular denunció a la Delegación de Urbanismo -de la que ella se hizo cargo durante algunos años- porque se le había dado «una licencia de primera ocupación con un condicionante, y que éste no se había puesto en la cédula de habitabilidad».
Este condicionante sería que las viviendas estaban sujetas «a la resolución del proceso de un plan de innovación», es decir, que estaba a expensas de que se regulara la edificabilidad en el Plan General de Ordenación Urbana y de que la Junta de Andalucía resolviese si la licencia de ocupación sería válida.
Las fuentes afirmaron que la señora denunció porque no se había puesto en el registro de la propiedad, y que el Ayuntamiento le dijo al promotor que anotara esa carga al darle la licencia de habitabilidad para que pudiese vender las viviendas, pero que no lo hizo. Por otra parte, indicaron que el caso se cerró, y que ahora la fiscalía ha actuado de oficio.
Fuente: Diario Sur
