Los hechos se iniciaron en base a dos denuncias formuladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Estepona (Málaga), que detectó en distintas inspecciones urbanísticas dos construcciones sin licencia y en suelo no urbanizable.
La primera construcción ilegal fue descubierta en el 2003 y la otra en 2004 y, según el fiscal, "como consecuencia de la inactividad de los denunciados, las construcciones fueron terminadas consolidándose así la infracción administrativa realizada, así como la prescripción de los posibles delitos".
El ministerio público entiende que debido a la "inacción de los denunciados, no ejerciendo sus competencias en materia de Disciplina urbanística" ha dado lugar a la consolidación de dos construcciones ilegalmente realizadas.
Ello conlleva, siempre según la versión de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, al "dictado de una resolución totalmente arbitraria e injusta".
Para el fiscal los mencionados hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio del artículo 320 del Codigo Penal, y los denunciados deberían responder en concepto de autores.
Fuente: Agencia EFE
