Los miembros del órgano calificador anuncian acciones penales para defender su honor y sostienen que el proceso se ha desarrollado conforme a la legalidad.
La polémica que rodea las oposiciones para cubrir varias plazas de la Policía Local de Manilva sigue creciendo. Después de las ocho impugnaciones presentadas por aspirantes, la denuncia penal registrada por uno de los opositores ante la Fiscalía y las peticiones del Partido Popular para paralizar cautelarmente el proceso, ahora ha sido el propio Tribunal Calificador el que ha decidido dar un paso al frente.
Los integrantes del tribunal han anunciado, a través de un comunicado difundido por el propio Ayuntamiento de Manilva, que han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Área de Marbella-Estepona con el objetivo de defender su honor, su profesionalidad y la legalidad del proceso selectivo.
«Se ha cruzado una línea»
En el comunicado, el tribunal asegura que durante las últimas semanas tanto el Grupo Municipal Popular como algunas personas vinculadas a las oposiciones han realizado declaraciones públicas que, a su juicio, ponen en duda la imparcialidad y la honorabilidad de quienes forman parte del órgano de selección.
Los miembros del tribunal consideran que las críticas han ido más allá del legítimo derecho de cualquier aspirante a recurrir un procedimiento administrativo y entienden que se ha generado una campaña de descrédito personal e institucional basada, según afirman, en acusaciones muy graves que carecen de respaldo judicial.
Además, lamentan que esas manifestaciones hayan tenido una amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales, provocando un importante perjuicio personal, familiar y profesional a funcionarios públicos que, aseguran, únicamente han desempeñado las funciones que les fueron encomendadas.
Piden que intervenga la Fiscalía
Ante esta situación, el tribunal ha decidido poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que estudie si algunas de las actuaciones y acusaciones vertidas contra sus integrantes pudieran constituir algún tipo de infracción penal.
Del mismo modo, advierten de que se reservan el derecho a ejercer cuantas acciones civiles y penales consideren oportunas para proteger su derecho al honor, su dignidad y su reputación profesional.
Reafirman la legalidad de las oposiciones
Los integrantes del órgano calificador defienden que todo el procedimiento se ha desarrollado respetando los principios constitucionales que deben regir el acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad.
En este sentido, insisten en que serán las autoridades judiciales las que determinen si existe o no alguna irregularidad, rechazando que esa valoración pueda hacerse a través de campañas públicas o declaraciones políticas.
Asimismo, reiteran su compromiso con la independencia de los tribunales de selección y consideran que los intentos de desacreditarlos sin una resolución judicial afectan no solo a sus miembros, sino también al normal desarrollo del propio proceso selectivo.
Un conflicto que continúa escalando
Hasta el momento se conocen ocho impugnaciones administrativas formuladas por distintos aspirantes y una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por uno de los opositores, en la que solicita la apertura de diligencias de investigación, la revisión de la custodia de los exámenes, la declaración de los miembros del tribunal y la suspensión cautelar de las oposiciones mientras se aclaran los hechos.
Paralelamente, el Partido Popular de Manilva ha solicitado en varias ocasiones la paralización del procedimiento y el acceso íntegro al expediente administrativo, mientras que el PP de San Roque también ha pedido explicaciones al alcalde Juan Carlos Ruiz Boix por la participación de funcionarios del Ayuntamiento sanroqueño en el tribunal calificador.
Con la denuncia anunciada ahora por el propio tribunal, la controversia entra en una nueva fase en la que ambas partes han decidido acudir a la vía penal para defender sus respectivas posiciones.
Por el momento, será la Fiscalía la encargada de analizar las distintas denuncias presentadas y determinar si procede iniciar diligencias o adoptar nuevas actuaciones. Mientras tanto, el proceso selectivo de la Policía Local de Manilva continúa inmerso en una creciente batalla administrativa, política y ahora judicial cuyo desenlace sigue abierto y nos seguirá dando titulares en las próximas fechas.
