El equipo de gobierno ha iniciado las medidas de aplicación del plan de ajuste relativas al ejercicio 2013. Tras la celebración del Pleno Ordinario del pasado 7 de marzo, en el que se dio cuenta del informe favorable de conclusiones de la Sra. Interventora acerca del cumplimiento del plan de ajuste del ejercicio 2012; aprobado por el propio Pleno, por mayoría absoluta, en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012 y en el que se ha determinado el equilibrio presupuestario del ejercicio.
Se ha retomado el asunto relativo a la búsqueda del equilibrio presupuestario para el ejercicio 2013. Así, en lo que respecta a materia de personal.. El Equipo de Gobierno ha tratado de alguna manera de dar ejemplo, incluyendo la reducción de los cargos de confianza y funcionarios eventuales de empleo en un porcentaje del 25%.
Con respecto a los despidos de personal laboral, se ha acordado que las plazas que se incluyan con estos despidos serán amortizadas, garantizando que en el caso de que se realizara alguna contratación en el Ayuntamiento en su categoría laboral, los empleados despedidos tengan la posibilidad de incorporación de forma preferente.
Por otra parte, en las últimas semanas se vienen manteniendo reuniones de trabajo para la reasignación de efectivos, la implantación de un organigrama acorde con la realidad y la modificación de la relación de puestos de trabajo para su adaptación a la realidad actual.
Asimismo, en los próximos días se convocará a los representantes sindicales para retomar las negociaciones, con el objetivo de planificar nuevas medidas en materia de personal que eviten tener que incrementar el número de despidos.
Cabe señalar que el equipo de gobierno inició meses atrás una serie de contactos con los sindicatos UGT y CC.OO. que integran el Comité de Empresa municipal, en los que se plantearon diversas alternativas como la reorganización interna de personal, la reducción salarial del 10 por ciento a toda la plantilla, o bien optar por el despido de un miembro de la familia, en los casos en que hubiera más de un trabajador de una unidad familiar contratado, sin procedimiento selectivo.
Pero, ninguna de estas medidas fue aceptada por los sindicatos, quienes argumentaron que al tratarse de medidas restrictivas de derechos debería afrontarlas el Ayuntamiento en solitario.
