La Fiscalía ha pedido tres millones de euros de multa para el exalcalde de Manilva Pedro Tirado, al que acusa de un delito de cohecho en el caso ‘La Parrada’, en el que se ha investigado la operación urbanística desarrollada en los terrenos del mismo nombre. Considera que tanto éste como su cuñado “aceptaron la proposición de ser beneficiados con una importante suma de dinero” a cambio de la firma de un convenio que suponía aumentar el valor de la parcela.
En sus conclusiones definitivas, presentadas este jueves en el juicio que se celebra en la Sección Octava de la Audiencia, el fiscal ha modificado su acusación inicial y la pena solicitada para el exregidor que era de dos años de prisión y siete de inhabilitación. Así, además de la multa, con apremio personal en caso de impago de seis meses, ha pedido que se le imponga la suspensión de empleo o cargo público durante tres años.
Asimismo, la acusación pública ha pedido también una pena de tres millones de euros de multa por un delito de cohecho para un empresario que hizo de intermediario y para el cuñado del exalcalde, para el que pide, además, dos años de prisión y el pago de otros 2,2 millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales, del que también acusa al cuarto procesado, para el que insta una condena de un año de cárcel y la misma cuantía.
El ministerio fiscal relata que la sociedad Royal Marbella Estates adquirió diversas fincas para luego intentar obtener plusvalías con la venta, pero para ello necesitaba que los terrenos “resultaran atractivo” para los promotores. Se indica que se permitía la construcción de 10 viviendas por hectárea, lo que era “escasamente llamativo para que un empresario inmobiliario se embarcara en la adquisición de tales parcelas”.
Estima que el empresario y el representante de la empresa -en busca y captura- hicieron lo necesario para que el Ayuntamiento aumentara la densidad y “se van a valer” del cuñado del exregidor para lograr en 2004 un convenio por el que se sube a 18 las viviendas por hectárea. Este acuerdo no fue aprobado en pleno, pero “serviría” para que el suelo, por el que pagaron 9,7 millones, “alcanzara mucho más valor”. De hecho, se vendió por 117 millones.
“De este aumento del valor quiso participar el alcalde del municipio, no para el pueblo al que representa sino para su propio enriquecimiento”, señala el escrito presentado por el fiscal, en el que se añade que tras diversas reuniones con los responsables de Royal Marbella y “con la participación efectiva e interesada de su cuñado, aceptaron estos la proposición” del empresario y del otro “de ser beneficiados con una importante suma de dinero”.
Esto se haría una vez hecha la venta y “a cambio de la firma del convenio de agosto de 2004”, sostiene el ministerio público, que apunta que uno de los modos de canalizar “el abono del premio prometido” fue crear una sociedad entre el empresario acusado y el cuñado en la que Tirado “no podía aparecer por incompatibilidades de su cargo”. Parte del dinero ingresado en la empresa, “concretamente 2,1 millones, serían para el edil y su familiar político”.
No obstante, “el abono pactado se completó con la entrega de una suculenta cantidad en efectivo de, al menos, 762.102 euros, suma a la que ascendía el dinero encontrado en el registro de la casa del exalcalde en una bolsa. En la casa de su cuñado se encontraron 26.400 euros “con el repetido origen irregular” y un reloj de los tres que iban destinados “al señor Tirado y a alguna otra autoridad municipal que no se ha podido precisar”.
Posteriormente, el cuñado del exalcalde trasmitió los fondos obtenidos a través de la anterior sociedad a otra empresa, para cuya constitución se valió de un amigo, también acusado, quien “debía o debió conocer de haberlo querido que su participación obedecía a la ocultación de la titularidad real de la entidad creada y de los beneficios conseguidos con la actividad corruptora”, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal ha indicado en la Sala que se acusa por un delito de cohecho, considerando que no se trata de un acto injusto, ya que no se discute el convenio; pero sí que en el caso de Tirado se realizó en el ejercicio de su cargo. Está previsto que el juicio quede este viernes visto para sentencia una vez que el ministerio público y las defensas expongan sus informes finales.
Fuente: El Mundo.
