El Ayuntamiento de Manilva ha cesado oficialmente al que fuera hasta el día de ayer al asesor jurídico municipal tras recibir el requerimiento judicial para la ejecución firme de una condena de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público durante 21 meses, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga y confirmada por el Tribunal Supremo.
El cese se formalizó mediante el Decreto 2025-2329, firmado el pasado 11 de diciembre, una vez que el consistorio recibió, el 10 de diciembre, la notificación judicial instando formalmente al cumplimiento de la sentencia. La resolución fue notificada al interesado y a los distintos departamentos municipales el 12 de diciembre, según consta en la documentación administrativa.
La condena trae causa de la sentencia 231/22, de 7 de junio de 2022, en la que Menoyo fue condenado como autor responsable de un delito de prevaricación administrativa por cooperación necesaria, en el marco de una causa relacionada con contrataciones irregulares realizadas en el Ayuntamiento de Manilva entre los años 2007 y 2013. El Tribunal Supremo revisó parcialmente el fallo en septiembre de 2025, manteniendo la condena y fijando definitivamente la pena de inhabilitación en 21 meses, ya firme y ejecutable.
El PP denuncia inacción del alcalde hasta el requerimiento judicial
Tras hacerse público el decreto de cese, el Partido Popular de Manilva difundió un comunicado en el que asegura que el alcalde ignoró previamente la petición del PP para que se procediera al cumplimiento inmediato de la sentencia firme del Tribunal Supremo.
Según el PP, su grupo municipal puso la sentencia a disposición del equipo de gobierno y solicitó formalmente que se ejecutara la inhabilitación, advirtiendo de que la Sentencia nº 714/2025 del Tribunal Supremo era de obligado cumplimiento y que su no ejecución podría suponer una irregularidad legal y administrativa. No obstante, aseguran no haber recibido respuesta alguna por parte de la Alcaldía.
En su comunicado, el PP sostiene que el alcalde mantuvo en su puesto al funcionario condenado pese a conocer la existencia de la sentencia firme, actuando únicamente cuando el Ayuntamiento recibió el requerimiento judicial instando formalmente a su ejecución. Para los populares, este hecho evidencia que la actuación municipal se produjo “exclusivamente tras el requerimiento judicial”.
Asimismo, el PP critica que el equipo de gobierno no informara ni a los grupos municipales ni a los vecinos sobre un asunto que consideran de “grave relevancia institucional”, y señala una supuesta falta de transparencia y diligencia en la gestión del caso.
“Las sentencias firmes no se discuten, se cumplen”, subraya el Partido Popular de Manilva n su comunicado, que asegura que seguirá defendiendo la legalidad, la transparencia y una gestión municipal responsable al servicio de los vecinos.
Antecedente: absolución del Supremo en otra causa en 2023
Este nuevo episodio judicial se suma a una trayectoria procesal compleja de A.M.C. En octubre de 2023, el Tribunal Supremo lo absolvió de los delitos de falsificación de documento oficial y estafa procesal en una causa distinta, relacionada con el despido de una trabajadora municipal en 2012.
En aquella resolución, el alto tribunal anuló la valoración probatoria realizada por la Audiencia de Málaga al apreciar indefensión, y concluyó que los hechos denunciados no constituían delito alguno, al considerar el informe jurídico cuestionado “inocuo o intrascendente” y sin incidencia real en el despido.
Nombramiento y dimisión previa
Cabe recordar que una de las cosas que hacía el Partido Popular cuando accedía a la alcaldía era el de otorgar el nombramiento de A. M., el 21 de agosto de2023, como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Manilva, aunque un mes después presentó su dimisión, alegando motivos personales. Dicho nombramiento ya fue objeto de críticas públicas por parte de la oposición.
Compromiso Manilva, que a día de hoy le seguía manteniendo en puestos de responsabilidad, denunciaba públicamente desde la oposición, que su nombramiento se veía “como una elección partidista, ya que hay que recordar que el señor A. M. es miembro activo del grupo de concejales no adscritos, sin olvidar que en la actualidad tiene varios procesos judiciales abiertos, en alguno de ellos ya ha sido condenado. Menoyo no es ejemplo de nada y menos de transparencia, gestión, imparcialidad y lucha contra la corrupción. Volvemos a la etapa oscura de Manilva, donde con el señor Menoyo vuelven a florecer los intereses ocultos y el manejar a su antojo la delegación de Urbanismo”.
Con el cese ahora formalizado, el Ayuntamiento de Manilva ejecuta finalmente una sentencia penal firme, cerrando un nuevo capítulo judicial vinculado a una de las etapas más controvertidas de la gestión municipal de la última década que se ha eternizado en los juzgados.
