La plataforma FACe por la que todos los proveedores tienen que emitir las facturas a los Ayuntamientos españoles para su posterior abono, permanece totalmente inaccesible desde el miércoles 19 de noviembre de 2025 debido a trabajos de remodelación, según ha confirmado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado. Esta interrupción ha bloqueado la presentación de facturas electrónicas a las administraciones públicas, dejando sin opciones a miles de empresas y autónomos para cumplir con sus obligaciones administrativas y poder cobrar los trabajos o servicios realizados.
En la página web del servicio se ha mostrado un mensaje oficial donde se indica: «Lamentamos las molestias. Se están realizando grandes actuaciones de remodelación y mantenimiento sobre el servicio de FACe y sus bases de datos que requieren que el servicio esté totalmente apagado». El texto, firmado por el ministerio responsable, no ha especificado plazos de reactivación ni ha ofrecido alternativas para la presentación documental.
Algunos usuarios de MiFacturae –herramienta alternativa para generar facturas– han reportado en foros técnicos que desde el miércoles 19 recibían notificaciones sobre la caída inminente de FACe. Sin embargo, esta información no ha sido comunicada oficialmente a la totalidad de proveedores, generando un desequilibrio informativo. La dependencia de plataformas paralelas para acceder a alertas críticas evidencia fallos sistémicos en los protocolos de comunicación institucional.
La ausencia de aviso previo ha generado un caos administrativo al coincidir con periodos habituales de facturación. Profesionales de múltiples sectores han denunciado retrasos en los cobros y problemas de liquidez inmediatos.
La paralización ocurre en un momento crítico para la transformación digital española, con la inminente implementación del sistema VeriFactu a partir de enero de 2026. Este nuevo modelo, que exigirá software certificado para emitir facturas, genera incertidumbre entre las pymes: solo el 8% ha completado su adaptación, según un estudio de Ipsos publicado en el País.
La crisis de FACe revela una peligrosa desconexión entre los objetivos de modernización administrativa y la realidad operativa. Mientras se exige a empresas y autónomos asumir costosos procesos de digitalización, las propias administraciones fracasan en garantizar servicios básicos. La falta de transparencia en los plazos de solución y la ausencia de vías alternativas plantean serias dudas sobre la capacidad de gestión en esta transformación digital forzada.
