El consistorio es, de largo, la principal empresa del municipio. Sin embargo, su plantilla es un misterio. La alcaldesa, Antonia Muñoz, de IU, reconoce 520 empleados, mientras que la oposición eleva la cifra a "más de 600 y subiendo". Hay un trabajador municipal por cada 20 vecinos, el doble que en Estepona y casi el triple que en Marbella, vecinos de la Costa del Sol y ejemplos clásicos de nóminas municipales desmesuradas.
Manilva, a 100 kilómetros de Málaga y a 30 de Gibraltar, sufre ahora de forma concentrada todos los males derivados del urbanismo salvaje. Antiguamente volcado en los viñedos, Manilva es hoy un territorio en el que los chalets diseminados, las fincas improductivas y los bloques de apartamentos se mezclan con un criterio territorial dadaísta. El paro, hasta hace dos años residual, afecta a 1.200 personas. La deuda con la Seguridad Social ha crecido hasta los 25 millones de euros, lo que impide al consistorio acogerse a las ayudas del plan Zapatero, entre otras subvenciones.
"Los bancos nos han cerrado las puertas", admite la regidora. Desde agosto, las nóminas de los trabajadores municipales están en el alero: la alcaldesa no abonó la paga de febrero hasta el pasado viernes. Y la deuda crecer sin parar pese a que el Ayuntamiento ha reforzado el cobro de impuestos municipales. Y es que se gasta mucho más de lo que se ingresa. Cada mes, la nómina municipal, sin contar las cotizaciones a la Seguridad Social, se lleva 750.000 euros, pero los ingresos corrientes son sólo de 408.000 euros.
La vida política del municipio no es menos compleja. O sí, porque prácticamente se reduce a tomar a los tres protagonistas históricos y a aplicar las leyes de la combinatoria. La alcaldesa Antonia Muñoz gobierna desde mayo de 2007 en coalición con Emilio López Berenguer, líder del partido personalista Agrupación Socialista Manilveña, y que en noviembre de 2000 la expulsó de la alcaldía tras una moción de censura con concejales ex gilistas.
El ménage à trois se completa con Salvador Zotano, expulsado del PSOE en 2005 por incumplir la orden de dar la alcaldía a Muñoz y encumbrarse como regidor tras la detención del entonces alcalde Pedro Tirado (ex gilista), a quien se le encontraron 770.000 euros en su casa como comisión por un convenio urbanístico. A falta de mejor candidato, el PSOE rescató a Zotano como independiente en los últimos comicios locales. Hoy, lidera la oposición.
El control de los resortes urbanísticos es el que propicia los pactos políticos. "El pueblo es rehén de los políticos, mucha gente ha construido en suelo no urbanizable con el Ayuntamiento mirando para otro lado. Además, si hay 600 trabajadores municipales, muchos son estómagos agradecidos del concejal que los metió en el Ayuntamiento", afirma un político que pide el anonimato.
Tras el arresto del ex alcalde Tirado por el caso Ballena Blanca, Manilva, en un rincón de la provincia, quedó eclipsada informativamente por los casos de corrupción de Marbella y Estepona. "Ahora no salimos ni en el mapa del tiempo de Canal Sur", se queja un vecino. Sin embargo, entre la oposición, hay quien especula incluso con la fecha de una nueva operación policial en el pueblo.
Entre 2002 y 2005, años de mayor voracidad constructora, numerosos vecinos de Manilva vendieron sus viñas a los promotores a precio de suelo urbanizable. Uno de los mejores compradores, tanto por metros cuadrados como por precio, fue Rafael Gómez, Sandokan. El constructor cordobés se hizo, según Juan León, con aproximadamente el 8% del suelo del término, según fuentes municipales. Los convenios urbanísticos -pagos adelantados a cambio de futuras modificaciones del planeamiento- financiaron el crecimiento del pueblo. Ahora, empresas como Noriega, reclaman al Ayuntamiento en los tribunales que devuelva 17 millones de euros porque las modificaciones urbanísticas nunca se realizaron.
Muchos manilveños se enriquecieron vendiendo sus fincas, pero la inyección de millones no supuso una regeneración económica. De las 100 parcelas de que consta el único polígono industrial, sólo 20 están ocupadas por empresas. El Ayuntamiento, en cambio, sigue contratando.
Bloques fantasmales
Los vecinos de la urbanización Punta Chullera, 25 viviendas unifamiliares en el límite con Cádiz, viven entre el barro. La empresa que realiza las obras de conducción de agua, alcantarillado y acerado, pagadas al 60% los vecinos y al 40% por el Ayuntamiento, se niega a proseguir hasta que le paguen los 2 millones que cuestan los trabajos. Como Punta Chullera, numerosas urbanizaciones de cientos de viviendas casi no tienen vecinos, y también carecen de accesos dignos de tal nombre. Con la crisis del sector inmobilirio, muchas de estas urbanizaciones carecen del mantenimiento mínimo, ya que las promotoras, todavía principales propietarias, no tienen dinero para pagar los gastos de la comunidad. El precio medio de la vivienda ha caído un 32% en el pueblo, según el portal inmobiliario Fotocasa.
Artículo publicado en el Pais por Fernando J. Pérez.
