Finalmente el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Manilva denunciará al equipo de gobierno (IU y ASM) al entender que se ha podido cometer un presunto delito de prevaricación en la adjudicación del servicio del agua a la empresa Aqualia.
Según el portavoz del PSOE, Salvador Zotano, la comisión técnica daba 93,59 puntos a la empresa Aquagest, 90,62 a Aqualia, 90,50 a Acciona y 81,73 a Hidrogestión, sin embargo "los políticos han insistido en desoír la valoración realizada por los técnicos en base a los pliegos elaborados por el propio equipo de gobierno y le han adjudicado provisionalmente el servicio a la segunda empresa mejor valorada en lugar de a la primera", según el socialista. La mesa de contratación está compuesta por cuatro políticos: Emilio López Berenguer (ASM), Mario Jiménez (IU), Diego Díaz (IU) y la alcaldesa Antonia Muñoz (IU), además de tres técnicos que son el secretario municipal, la interventora y un ingeniero de canales.
La alcaldesa, explicó en la sesión plenaria que el acta de la mesa de contratación "recoge la subsanación de un error que se había introducido en el informe elaborado por los técnicos al no considerar una aportación de dos millones de euros que efectuará la empresa Aqualia Gestión integral del Agua, en lo que se denomina Plan de Desarrollo Sostenible en Infraestructuras, inversiones que se harán sin cargo para el Ayuntamiento ni para los abonados", según explicaron desde el Ayuntamiento.
Desde el PSOE, sin embargo, apuntan a que la empresa Aqualia lo máximo que podría obtener por la motivación del rendimiento de red era 1,75 puntos más, a pesar de lo cual "tampoco superaría a Aquagest, ya que la diferencia entre las dos ofertas es de 2,97 puntos".
Zotano, además, aseguró que la inversión en infraestructuras de Aqualia es mayor "porque ha tomado como base de cálculo 20.933 abonados en lugar de los 17.206 habitantes que el POTA calcula que tendrá el municipio en 2023 partiendo de la población registrada en 2007" y del aumento máximo permitido de un 30% en ocho años. Según el socialista "si el resto de empresas hubieran presentado sus ofertas partiendo de los 21.000 abonados incluso superarían la inversión de Aquagest".
Para el portavoz del PSOE, "esto huele mal desde lejos", a lo que añadió que prevaricar "es beneficiar o perjudicar a sabiendas, que es lo que estamos viendo aquí además de un abuso de poder". El socialista insistió en que su partido aboga "por una gestión pública del agua, pero si no puede ser, al menos que las cosas se hagan bien".
Tras la adjudicación provisional del servicio a Aqualia deberá comunicarse la aprobación a las empresas concursantes, publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y concluir un plazo de presentación de alegaciones, que finalmente deberán ser informadas.
