Uno de los acusados en el caso de la finca La Parrada ha instado a la Sección Octava de la Audiencia de Málaga a que se abstenga de enjuiciar esta causa, en el que están acusados, entre otros, el ex alcalde Pedro Tirado; al estimar que se da una situación de “contaminación” de la Sala y del ponente designado.

Así, se pide que se turne a otras secciones diferentes a ésta y a la Tercera. Según el escrito de una de las defensas, la Sección Octava “ha dictado una pluralidad de resoluciones resolviendo en segunda instancia los recursos de apelación de las partes frente a decisiones del juez instructor, pronunciándose sobre extremos relevantes”. Esto “afecta al derecho de mi representado y del resto de los acusados a un juicio con todas las garantías y a un juez imparcial”, señala. Así, esta parte entiende que la Sala “ya ha formado criterio respecto de algunas de las cuestiones sobre las que versará el juicio oral, que pudieran afectar al fondo de la cuestión y a la culpabilidad de los acusados”, circunstancia que, según estima la representación de ese acusado, también “puede apreciarse en la Sección Tercera”, por haber resuelto también recursos en la instrucción.

Entre las resoluciones que “evidencian la posible contaminación”, se destaca la que resolvía un recurso contra el auto de transformación en procedimiento abreviado, en el que a juicio de esa parte “se prejuzga la culpabilidad de los acusados” con afirmaciones como “existen elementos suficientes de gran transcendencia de que existen indicios de un presunto delito de blanqueo”.

Precisamente, a través de ese auto, la Sección Octava revocó en parte el auto de incoación de procedimiento abreviado, dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 marbellí en este caso, que surgió a raíz del caso Ballena Blanca, acordando “suprimir del mismo la imputación por delito de prevaricación”. Además, cita otra resolución en la que se resolvió en contra de la inhibición a favor de los juzgados de Estepona, decretando que la competencia era de juez Miguel Ángel Torres. En este punto, el abogado defensor apunta que es una cuestión que “con absoluta seguridad se planteará nuevamente en la fase de enjuiciamiento”.

Anticorrupción solicitó dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de 3 millones de euros para el ex alcalde Pedro Tirado, por un delito de cohecho y, además, acusó al cuñado de éste, Francisco Calle, para el que pide cuatro años de cárcel y 5,2 millones de multa por el mismo delito y por otro de blanqueo. Asimismo, el fiscal hizo escrito de acusación contra Aki Kujala por esos dos delitos, solicitando para éste cuatro años de prisión y multa de 13 millones de euros, mientras que para el socio y administrador de una de las empresas junto con Calle pidió otros dos años de cárcel y multa de 2,2 millones de euros.

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