El tribunal no ve prevaricación en la actuación de Pedro Tirado sobre la finca `La Parrada´. La Sección Octava mantiene las imputaciones contra el ex alcalde, su cuñado, Aki Kujala y Rafael Fernández por cohecho y blanqueo de capitales.
El juez Miguel Ángel Torres, instructor de las operaciones `Ballena Blanca´ y `Malaya´, no gana para disgustos. Si la Sección Primera de la Audiencia Provincial le ha reformado ya varios autos sobre la trama de corrupción del Ayuntamiento marbellí, la Octava no ha querido ser menos y ha estimado parcialmente los recursos presentados por el ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, su cuñado Francisco Calle, Aki Kujala y el supuesto testaferro Rafael Fernández, contra su imputación por el aumento de edificabilidad de la finca `La Parrada´. La Sala entiende que no existe delito de prevaricación en toda la maniobra ya que “no se ha vulnerado la normativa urbanística vigente”, por lo que los imputados no podrán ser acusados de este delito.
Sin embargo, la Sala sí considera acreditada la existencia de indicios respecto de un delito de blanqueo de capitales y otro de cohecho, según se desprende del auto al que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
Según el tribunal, “los hechos investigados revisten gravedad y provocan gran alarma y rechazo social”. Según los magistrados, “Calle se habría concertado con Aki Kujala y Stephen Blegert, dueños de Royal Marbella States, propietaria de varios terrenos en La Parrada, en Manilva, para mediante el ofrecimiento de importantes cantidades de dinero, conseguir que el cuñado del señor Calle, alcalde de la localidad, suscribiera un convenio urbanístico con aquella mercantil para incluir los terrenos en cuestión en el documento de cumplimiento exigido por la Junta de Andalucía, que había suspendido la clasificación como suelo urbanizable no programado de la finca”.
Por tanto, el alcalde logró la aprobación inicial del convenio por el pleno del Ayuntamiento y, más tarde, la de la Comisión Provincial de Urbanismo, consiguiendo de este modo un extraordinario incremento del valor de la parcela. Después, según la Sala, se celebró un segundo convenio que incrementó la edificabilidad, en 2004. “De ese modo, los terrenos en sólo dos años pasaron de costar 9,5 millones de euros a ser vendidos a una tercera sociedad por 100 millones”, añade la Sala.
Para llevar a cabo la venta, Kujala, Blegert y Calle constituyeron una sociedad, y el cuñado del alcalde percibió 2,1 millones de euros, que Royal Marbella States ingresó en Inmoest, empresa creada por Calle días antes de la venta con esa finalidad y de la que Rafael Fernández era el administrador.
Otros delitos. La Sala entiende que sí se podría haber cometido un delito de blanqueo, “tanto en lo referente a los fondos de los que se nutre Royal Marbella States, como en lo referente al intento de ocultación de las cantidades dinerarias percibidas de la venta de los terrenos de `La Parrada´ a través de la sociedad Inmoest”.
Por otro lado, la Sección Octava apunta a la existencia de indicios de un delito de cohecho. Sin embargo, “las estipulaciones contenidas en los convenios firmados sobre la finca `La Parrada´ podrían ser perfectamente autorizadas por la Administración, dada su no contradicción con el planeamiento vigente”.
El alcalde Pedro Tirado y su cuñado fueron encarcelados por este convenio, aunque salieron después en libertad. Además, en enero de 2007, el juez Miguel Ángel Torres sobreseyó la causa contra otros nueve concejales de Manilva al limitarse éstos a seguir las indicaciones del regidor.
Fuente: JOSÉ ANTONIO SAU. La opinión de Málaga.
