IU no pedirá la dimisión de Muñoz

Izquierda Unida no pedirá responsabilidades a la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, pese a su imputación por un presunto delito de prevaricación urbanística. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indicaron que la regidora fue a declarar en condición de tal la semana pasada al Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona y el partido dijo entonces que estudiaría pedir la dimisión a Muñoz.

El coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, argumentó ayer que se trata de un caso que ya se archivó en 2008, y que la denuncia de otro particular ha vuelto a reactivar la causa. «Vamos a esperar a lo que el juzgado diga; ya fue objeto de investigación y acabó archivado», manifestó. Así, Castro subrayó que cree que el Ayuntamiento pedirá el sobreseimiento del caso.

La regidora declaró en relación a un aumento de la edificabilidad de una urbanización después de supuestamente restar zonas de recreo y deportivas. Según IU, fue por una denuncia que recibió de una de las personas que iban a acceder a las viviendas y «por el hecho de la inscripción en el registro de la calificación de este suelo».

Muñoz ya firmó una declaración el año pasado con el compromiso de dimitir si fuese imputada por un delito como prevaricación o tráfico de influencias cuando fue a declarar por presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento que también están siendo investigadas.

Al respecto, el coordinador provincial de IU precisó la semana pasada: «más allá de lo que haya firmado, IU tiene un código ético al que todos los cargos públicos tenemos que ceñirnos» y mantuvo que la decisión de su dimisión se tomaría conjuntamente en el partido, aunque ayer insistió en que va «a ver lo que plantea el juzgado».

El portavoz del PSOE en Manilva, Manuel Gil, también se mostró ayer cauto y dijo que aún mantenía lo que expresó el pasado 28 de septiembre. Entonces aseveró que no pediría la dimisión de Muñoz hasta que no se ratificara esta imputación con documentos. Gil también recordó que la alcaldesa dijo públicamente en la carta sin fecha que, en caso de delito urbanístico, dimitiría. «Si el TSJA está diciéndolo, sería una contradicción el no llevar a cabo esa dimisión firmada; somos los primeros que se lo vamos a pedir», mantuvo.

Tal y como adelantó el Diario SUR la semana pasada, la declaración de la alcaldesa tendría que ver con una parcela a la que se le habría dado una mayor edificabilidad y que se desarrolló hace varios años, en el mandato del exalcalde, Pedro Tirado, según fuentes cercanas al caso. Las fuentes aseguraron que en la legislatura de Salvador Zotano se había iniciado un proceso de regularización de este aspecto, y que en 2007 se pidió al Ayuntamiento la licencia de primera ocupación.
Además, enunciaron que por aquel entonces los hechos se comenzaron a investigar pero que Antonia salió de este proceso sin cargos, hasta ahora. Al parecer, una particular denunció a la Delegación de Urbanismo -de la que ella se hizo cargo durante algunos años- porque se le había dado «una licencia de primera ocupación con un condicionante, y que éste no se había puesto en la cédula de habitabilidad».

Este condicionante sería que las viviendas estaban sujetas «a la resolución del proceso de un plan de innovación», es decir, que estaba a expensas de que se regulara la edificabilidad en el Plan General de Ordenación Urbana y de que la Junta de Andalucía resolviese si la licencia de ocupación sería válida. Las fuentes afirmaron que la señora denunció porque no se había puesto en el registro de la propiedad, y que el Ayuntamiento le dijo al promotor que anotara esa carga al darle la licencia de habitabilidad para que pudiese vender las viviendas, pero que no lo hizo.

Fuente: Diario Sur