Querella presentada por Cajasur a su ex director general, Francisco Jurado y Rafael Gómez a la que se sumó la fiscalia de anticorrupción ampliando la acusación a cuatro personas más y en las que nuevamente aparece el nombre del Ayuntamiento de Manilva.

Esta querella hace referencia a unos hechos que tuvieron lugar en el año 2004, cuando Cajasur compartía la propiedad inmobiliaria “Arenal Sur 21” con el empresario cordobés. La entidad financiera asegura que Gómez suscribió un contrato de arrendamiento de servicios con una empresa para la realización de unos trabajos al parecer ficticios o de imposible cumplimiento.

En concreto, afirma que Gómez contrató a esta empresa para que hiciera determinadas gestiones con la intención de que el Ayuntamiento de Manilva, modificara la edificabilidad de unos terrenos que estaban en propiedad de Arenal Sur 21 en los que los aprovechamientos legales rondaban los 4.200 metros cuadrados donde se pretendía construir más de 39.000 suponiendo esto un aumento de edificabilidad de un 942%.

Ante estas acusaciones la alcaldesa Antonia Muñoz, que ostentaba el cargo de Concejala de Urbanismo en aquellos tiempos, aseguraba hoy “nunca he tomado ninguna decisión que beneficiara a Rafael Gómez”.

Tras conocerse la noticia, el PSOE de Manilva indicó que “según los medios que se han hecho eco de la noticia, Rafael Gómez habría gastado un millón de euros para conseguir ese aumento de edificabilidad”.

Ante estas declaraciones la alcaldesa criticó que Salvador Zotano como portavoz del PSOE, “lance una cortina de humo” y negó que en el Ayuntamiento manilveño “haya entrado un millón de euros por aumentar la edificabilidad” y comentaba “la única parcela que posee este promotor en el municipio es la de la zona de Maicandil, un suelo cuyo plan parcial fue aprobado por la Junta de Andalucía”

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