Es de destacar el informe contrario a esta operación hipotecaria que hizo y presento la Interventora y el Secretario. Dándose el caso de ser la primera vez en la historia del ayuntamiento de Manilva se toma un acuerdo de este tipo con un informe negativo de intervención, lo cual presuntamente es un hecho delictivo de prevaricación.
Del mismo modo en el transcurso de la sesión se tuvo conocimiento de que la Alcaldesa, Antonia Muñoz Vázquez, por decreto y con un reparo de ilegalidad de intervención y de secretaria, contrato otro crédito hipotecario el 9 de agosto pasado por un valor de UN MILLON DE EUROS, poniendo de garantía hipotecaria una propiedad municipal valorada en más de 2.000.000 de euros, lo que conlleva a una gran irresponsabilidad de la Alcaldesa y del equipo que la sustenta.
Las operaciones del mes de Agosto y la aprobada ayer, se hacen con la CAJA GENERAL DE GRANADA, la cual, y en palabras de los técnicos municipales, asume un riesgo importantísimo a conceder estos préstamos hipotecarios con informe de ILEGALIDAD por parte del control, municipal.
Por ese motivo, los asesores jurídicos de la ASM entre otros la letrada Regina Gómez Sánchez está trabajando en la presentación de una querella por presunta prevaricación.
Para la ASM, es absolutamente incomprensible que el gobierno municipal formado por PSOE e I.U., solicite estos préstamos hipotecarios embargando el futuro de Manilva, a pesar de haber recibido la última semana 1.000.000.000 de las antiguas pesetas (MIL MILLONES DE PESETAS) es decir SEIS MILLONES DE EUROS por la venta del servicio de agua a la empresa AQUAGEST y hace solo dos meses UN MILLON DE EUROS más, procedentes del préstamo hipotecario antes citado.
La ASM se pregunta qué está haciendo Antonia Muñoz, con esa ingente cantidad de dinero y sobre todo que va a hacer los próximos gobiernos municipales con la ingente deuda e hipoteca que va a tener el pueblo de Manilva.
Por último baste recordar que con esa enorme cantidad de dinero a la cual habría que sumar el préstamo aprobado hoy por 2.338.000 euros, no se ha pagado ni un solo euro a la S.S. ni a Hacienda
