Los vecinos del edificio El Mero de Sabinillas, han denunciado la situación de “inseguridad” que sufren a causa de la okupación de varios inmuebles que pertenecen a un “fondo de inversión”, por lo que solicitan “ayuda de los gobernantes” con “más presión policial”.
Un vecino que ha preferido permanecer en el anonimato ha hecho alusión a los “problemas de convivencia” que existen en el edificio, del que ha asegurado que “el 15% de las viviendas” se encuentra okupado por personas que “pinchan la luz o el agua” o no abonan los recibos de la comunidad.
Según ha explicado, el edificio se compone de “97 viviendas”, de las que “unas 15 están okupadas” al pertenecer al fondo de inversión, una situación que se registra desde hace “unos 5 años con gente que convivía”, pero que en los 2 últimos ha cambiado “el perfil” del okupa y es “gente peligrosa” a causa del supuesto “menudeo de drogas”.
El vecino ha declarado que ello ha generado “inseguridad” entre los residentes, asegurando que “boicotean los contadores de suministro” de la luz o el agua, lo que puede suponer “un riesgo”. “Viven con las puertas abiertas y con perros sueltos”, llegando a una “situación insostenible”, ha lamentado, agregando que la zona se ha convertido en “un territorio hostil”.
De este modo, ha declarado que “vivimos con miedo, aunque tampoco nos enfrentamos a ellos”, dándose situaciones como el intentar “entrar por el tejado de la casa de un vecino” para okupar un inmueble, ya que “entre ellos se pasan datos de las viviendas vacías”.
Por ello, ha solicitado “ayuda de los gobernantes” con “más presión policial”, al tiempo que ha criticado que viven menores “en casas donde se consume droga”, así como ha asegurado que los hijos de los propietarios sufren “amenazas” por parte de adolescentes.
El hombre ha destacado la “odisea” experimentada desde que adquirió su casa hace 15 años, ya que el constructor fue el cordobés Rafael Gómez, más conocido como Sandokán, que tras saltar la operación Malaya “dejó el edificio con deudas con los proveedores y pagó con pisos”, pasando muchas de las viviendas a ser propiedad de “personas que no eran físicas y no se encargaban de mantener el edificio”.
En este sentido, ha detallado que “los pisos de Arenal 2000 los compró un fondo de inversión”, estimando que éste es el propietario de “unas 15 o 16 viviendas”, mientras que “el resto está repartido entre gente que vive todo el año”, otros vecinos que usan sus inmuebles como vacacionales e inquilinos.
Otro de los residentes ha relatado que es “gente peligrosa con la que la que la convivencia es imposible, rompiendo cosas, ensuciándolo todo y trapicheando”. Además, ha agregado que los okupas “ya están intentando entrar en viviendas” que son usadas por sus propietarios en períodos vacacionales, por lo que “están vacías”, y “han intentado entrar incluso con alarmas porque pueden desconectarlas”, relatando que a un vecino “lo amenazaron para entrar por su terraza” para okupar una casa.
Así, solicita más presencia policial, así como ha valorado que el Ayuntamiento podría “entrar de oficio en los juzgados para echar a los okupas”.
Por su parte, el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha asegurado que el Ayuntamiento lleva “más de 3 meses tratando con la comunidad de propietarios y los administradores para buscar una solución”, destacando que “los pisos que están okupados pertenecen a fondos de inversión que no denuncian la ocupación”, por lo que es muy difícil que llegue el desahucio de estas familias”.
Jiménez ha resaltado que los okupas “no están cumpliendo con las normas básicas de la comunidad ni de la sociedad”, valorando el problema como “grave”, por lo que subrayado “el apoyo del Ayuntamiento a los vecinos”, que ha puesto “el caso en conocimiento de la Guardia Civil”.
