Así lo hace público el Diario El Español de Málaga en un artículo de economía publicado hoy en el que analiza la deuda que mantienen loa Ayuntamientos de la provincia con las entidades financieras según los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que recogen las cifras del endeudamiento de los municipios al cierre del 2021.
Los datos generales de la provincia parecen ser positivos por la contención y reducción de deuda en la mayoría de sus 103 ayuntamientos que suman un débito de poco más de 539,2 millones de euros (316,2€ por habitante), siendo 539,5 millones los registrados en el año anterior.
Para que cualquier persona pueda entender este aumento de deuda, si en 2020 cada manilveño pusiera 52€ se hubiese podido liquidar esa deuda pero con las nuevas cifras, el importe por manilveño a pagar para saldar sus cuentas aumenta a 1.064€, unas cifras que no tienen nada que ver con municipios cercanos como por ejemplo:
- Casares, con una deuda de 77€ por habitante,
- Estepona con una deuda de 482€ por habitante,
- Marbella de 18€ por habitante,
- San Roque 311€ por habitante,
- Castellar 13€ por habitante,
- Benalmádena 84€ por habitante,
- Málaga capital con 491€ por habitante.
O grandes ciudades y capitales de otras provincias:
- Alicante con una deuda de 1€ por habitante
- Valencia con una deuda d 304€ por habitante
- Madrid con una deuda de 508€ por habitante
- Barcelona con una deuda de 499€ por habitante
- Zaragoza con una deuda de 986€ por habitante
La deuda total en Manilva ha aumentado un 1992,07% con respecto al ejercicio anterior. Gracias al trabajo que están realizando otros Ayuntamientos, la deuda general de toda la provincia de Málaga ha disminuido un 63%, o lo que es lo mismo, cada malagueño, de media, ha dejado de deber 560€.
Este concepto de deuda se corresponden con los créditos bancarios, con los del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras operaciones de este tipo, como los FEAR (los préstamos a coste cero de la Diputación). No obstante, los parámetros no dibujan la realidad económica de un municipio, al no incorporar las deudas comerciales (por facturas o pagos pendientes a proveedores) y con Hacienda y la Seguridad Social. Tampoco, los pagos pendientes por sentencias judiciales en contra de los ayuntamientos.
