También se triplican las cantidades en las grandes localidades de la franja costera de la provincia, como Estepona, que ascenderá de 993.095 euros a 2,9 millones de euros el año próximo; Marbella, que incrementará sus transferencias de 1,4 a 4,7 millones de euros; Mijas, de un millón de euros aumentará a tres; y Vélez-Málaga, de 1,2 millones también pasará a tres millones. La cuestión no es baladí en un momento en el que la disminución de los ingresos procedentes del urbanismo (tasas por licencias de obra, ventas de suelos, convenios, etc.) y las limitaciones de los ayuntamientos para endeudarse han constreñido notablemente las posibilidades financieras de las corporaciones locales.
El Ayuntamiento de Manilva a pesar de este aumento no percibirá directamente los fondos, ya que estos, según la alcaldesa, Antonia Muñoz, irán destinados a pagar parte de la deuda que el consistorio mantiene con la seguridad social.
A nivel regional, estos fondos que la Junta de Andalucía ha venido entregando a los municipios de manera incondicionada, es decir, sin que tengan que destinarlos a proyectos concretados previamente, se van a duplicar. Así, de los 200 millones de euros que el Gobierno andaluz incluyó para 2010 en el paquete de transferencias para los ayuntamientos se pasará el año que viene a un total de 420 millones de euros. Ello sin contar con las aportaciones que la Administración autonómica realiza para medidas que sí están concertadas con antelación, dentro de lo que se denomina el "plan de cooperación municipal". Esas aportaciones son este año de 1.447 millones de euros para toda Andalucía.
Para Ruiz Galdón, el incremento de las transferencias de la Junta a los ayuntamientos va a suponer una notable «ayuda en un momento tan malo como el que atravesamos». No obstante, ese beneficio se va a ver mermado en cierto modo por otra cuestión que pesará, y de qué manera, sobre la economía de las entidades locales el año que viene. Se trata de la pérdida de transferencias del Gobierno central a cuenta de las cantidades que los municipios tienen que devolver al Estado por un fallo en la previsión de recaudación de tributos a nivel nacional.
