El Consejo de la Gerencia de Urbanismo de Manilva ha aprobado la construcción de 108 viviendas protegidas de precio limitado (VPPL) en la zona de Coto Real, una iniciativa que el equipo de gobierno presenta como un avance histórico tras años sin promociones de este tipo, pero que la oposición considera insuficiente y alejada de las necesidades reales de la población.
Una promoción privada presentada como solución pública
El alcalde, Mario Jiménez, ha celebrado la aprobación del proyecto asegurando que permitirá “solucionar la vida de 108 familias”, destacando además el trabajo del área de Urbanismo liderada por Juan Carlos Morejón.
Sin embargo, uno de los aspectos que más críticas ha generado es que se trata de una promoción privada, sin coste para las arcas municipales, lo que para la oposición desvirtúa el concepto de vivienda protegida como política pública.
No son VPO: viviendas para rentas medias-altas
Desde el PSOE, su portavoz Diego José Jiménez ha sido especialmente contundente al señalar que estas viviendas no son VPO (Vivienda de Protección Oficial), sino VPPL (Vivienda Protegida de Precio Limitado), una diferencia clave que condiciona su acceso para personas con escasos recursos.
Para Diego José “Pedir rentas de 4.200 euros al mes para poder acceder a estas viviendas demuestra que no están pensadas para la mayoría de los vecinos”.
Según la oposición, este requisito deja fuera a gran parte de la población trabajadora de Manilva, en una situación actual donde los salarios no han crecido al ritmo del precio de la vivienda.
Posible especulación: venta libre en 7 años
Otro de los puntos más polémicos es que estas viviendas podrán venderse en el mercado libre transcurridos siete años. Para el PSOE, esto abre la puerta a operaciones especulativas: “Alguien con dinero podrá comprarla y venderla al precio que quiera dentro de siete años”.
Este punto refuerza la crítica de que el proyecto podría beneficiar más a inversores que a residentes con dificultades reales de acceso a la vivienda.
Expectativas frente a realidad
El anuncio llega tras generar una gran expectación en torno a la construcción de viviendas protegidas en el municipio, sin embargo, tanto PSOE como PP coinciden en que el modelo aprobado no responde a lo que tradicionalmente se entiende por vivienda pública accesible.
Desde el Partido Popular, José Manuel Fernández advierte además de que los requisitos económicos «en torno a siete veces el IPREM» dificultarán el acceso a familias medias, mientras que el precio final será solo ligeramente inferior al del mercado libre.
Defensa del equipo de gobierno
Por su parte, el equipo de gobierno defiende que se trata de una solución viable dentro del marco legal actual y que permitirá poner en el mercado viviendas por debajo de los 200.000 euros.
El concejal de Urbanismo insiste en que se ha actuado “en tiempo récord” y que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia que incluirá futuras promociones, también en régimen de alquiler.
Un primer paso… pero lejos de resolver el problema
Incluso entre quienes apoyan la iniciativa se reconoce que no se trata de una solución definitiva. El problema de acceso a la vivienda en Manilva —con alquileres que superan los 1.000 euros mensuales— sigue siendo estructural.
