El expediente, al que ha tenido acceso esta redacción, recoge ocho conceptos relacionados con deficiencias en la prestación del servicio, la falta de personal y medios materiales y el incumplimiento de instrucciones municipales. La propuesta equivale aproximadamente al 0,47% del importe de adjudicación del contrato, valorado en más de 23 millones de euros.
El Ayuntamiento de Manilva ha tramitado una propuesta para imponer penalizaciones por un importe total de 108.601 euros a la UTE RELIMA, responsable del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos.
El contrato fue adjudicado por un importe de 23.231.118 euros para un periodo de diez años, por lo que las penalizaciones propuestas representan aproximadamente el 0,47% del importe total de adjudicación.
El documento recoge las conclusiones de los informes técnicos y jurídicos elaborados durante la tramitación del expediente, así como las alegaciones presentadas por la empresa adjudicataria. La propuesta mantiene la valoración técnica de los incumplimientos detectados y plantea la imposición de penalidades por diferentes conceptos.
La documentación también contempla la desestimación de las alegaciones presentadas por la UTE RELIMA, sin perjuicio de la resolución definitiva que corresponda adoptar al órgano competente.
Ocho conceptos de penalización
La propuesta municipal desglosa los 108.601 euros en ocho conceptos relacionados con las obligaciones contractuales del servicio:
- 12.000 euros por incumplimientos de las obligaciones de documentación.
- 12.000 euros por desatención de órdenes e instrucciones municipales.
- 6.000 euros por retrasos reiterados en la prestación de los servicios.
- 3.600 euros por presencia de lixiviados.
- 12.000 euros por incumplimiento reiterado de los niveles de calidad exigidos.
- 3.001 euros por deficiencias en las prestaciones de la plataforma VISION.
- 30.000 euros por falta de cobertura de puestos de trabajo ofertados.
- 30.000 euros por reiteración de incumplimientos graves relacionados con los medios materiales.
Deficiencias en la prestación del servicio
Entre los hechos recogidos en la documentación se encuentran las comunicaciones realizadas por los servicios municipales durante el seguimiento del contrato, con referencias a incidencias en la limpieza viaria, la retirada de residuos y enseres y el cumplimiento de las instrucciones de trabajo.
El informe también aborda la falta de cobertura de puestos de trabajo ofertados y la disponibilidad de medios materiales para la correcta ejecución del servicio. En relación con la limpieza, se mencionan incidencias en distintas fechas y ubicaciones, incluidas urbanizaciones donde se habían comunicado deficiencias en la retirada de muebles y enseres y en las zonas de contenedores.
La propuesta se apoya en los informes técnicos elaborados durante el procedimiento y en la documentación incorporada al expediente. La empresa, por su parte, presentó alegaciones que fueron examinadas durante la tramitación.
Una minoración adicional en la factura de julio
El documento distingue las penalizaciones contractuales de la regularización económica correspondiente a prestaciones que no se habrían ejecutado.
En concreto, la propuesta plantea una minoración de 7.097,18 euros en la factura del mes de julio, vinculada al valor económico de los servicios que, según el expediente, no se habrían prestado.
Esta cantidad se trata de forma independiente respecto al importe total de las penalizaciones propuestas, con el objetivo de evitar duplicidades económicas por un mismo concepto.
FCC, también en el foco de los expedientes de limpieza de Mijas
La propuesta de Manilva tiene un precedente reciente en el municipio vecino de Mijas. El Ayuntamiento mijeño informó el 3 de septiembre de 2026 de la tramitación de siete expedientes sancionadores durante ese año a la UTE FCC Barbetium, adjudicataria de la limpieza viaria y recogida de residuos.
Según la información publicada por el consistorio mijeño, las penalidades contempladas en esos expedientes superaban conjuntamente los seis millones de euros. Uno de los procedimientos, relacionado con el incumplimiento de las obligaciones de implantación del servicio y de las instalaciones comprometidas, contemplaba una penalidad de aproximadamente 6,09 millones de euros, equivalente al 7% del contrato de Mijas, valorado en 87 millones.
Además, el Ayuntamiento de Mijas comunicó que había descontado 306.942 euros de las certificaciones mensuales de enero a agosto de 2026 por servicios no prestados y penalizaciones del Plan de Calidad.
En ambos casos, las cifras deben interpretarse teniendo en cuenta las condiciones específicas de cada contrato y el estado de tramitación de sus respectivos expedientes. En particular, la información municipal de Mijas señalaba que el procedimiento de mayor importe seguía pendiente de ejecución.
Pendiente de resolución definitiva
El informe técnico complementario mantiene la propuesta de penalizaciones por 108.601 euros y la eleva al órgano competente para que adopte la decisión que corresponda; por lo tanto, el importe recogido en el documento constituye una propuesta de penalización que se lleva el jueves a pleno para su exposición y aprobación.
